Suspendido hasta 2027 el juicio a 7 acusados por integrar una red de trata y prostitución en Valdepeñas y Motril

CIUDAD REAL 14 Oct. –

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha suspendido este martes el juicio que debía comenzar contra siete personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata de seres humanos, la prostitución coactiva y los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La decisión se ha adoptado después de que una de las procesadas haya tenido que ser ingresada de urgencia en el Hospital de Córdoba por un cuadro de meningitis.

El tribunal ha acordado aplazar la vista oral hasta enero de 2027, fecha en la que se retomará la causa, inicialmente prevista para celebrarse entre el 14 y el 17 de octubre de este año.

El Ministerio Fiscal solicita para los dos principales acusados, B.N.A.C. y J.R.A., una pena de 39 años de prisión cada uno, aunque limita el cumplimiento efectivo a 18 años, conforme al artículo 76.1 del Código Penal.

Según el escrito de acusación, la pareja, de nacionalidad española, aunque de origen colombiano, captó a nueve mujeres en Colombia aprovechando su situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajo o libertad para ejercer la prostitución en España.

Una vez en el país, las víctimas eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, bajo control constante y sin posibilidad de salir de las viviendas donde eran explotadas, situadas en Valdepeñas (Ciudad Real) y Motril (Granada).

El fiscal sostiene que los acusados se apropiaban de la mitad de los beneficios y, además, les vendían preservativos, lubricantes, fármacos sexuales y cocaína, sustancia que también ofrecían a los clientes.

En los registros policiales se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, libretas con anotaciones, preservativos y medicamentos para aumentar el rendimiento sexual.

Junto a los dos cabecillas están procesadas otras cinco personas, entre ellas M.N.A., hija de la principal acusada, que controlaba la vivienda de Motril; R.A.G.A., encargada de la vigilancia y de los cobros; y M.J.A.C., que asumió esas funciones posteriormente. También figuran J.D.F.N. y M.R.R.R., acusados de facilitar cartas de invitación para la entrada de las víctimas en España.

El fiscal pide 12 años de prisión para M.N.A., 10 años y medio para R.A.G.A. y penas menores para los demás implicados, además de una indemnización de 30.000 euros para cada una de las tres principales víctimas.