Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud: «Las 17 CCAA ya están acogiendo a menores migrantes»

Acusa al PP de «escupir» en una parte de su historia: «Ha decidido hacer la ‘Santa Alianza’ y bombardearnos a procesos judiciales»

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha asegurado que las 17 comunidades autónomas ya están acogiendo a menores migrantes no acompañados, incluidas aquellas que les han «bombardeado a procesos judiciales».

«Incluso las que nos han llevado al Tribunal Constitucional o que nos han llevado a tribunales con esta cuestión, ya han acogido menores. Las 17 comunidades autónomas ya están acogiendo a estos menores», ha revelado Rubén Pérez en una entrevista concedida a Europa Press.

Además, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha acusado al Partido Popular de «escupir» en una parte de su historia tras «bombardearles a procesos judiciales» por la reubicación de menores migrantes.

«Nosotros hemos hecho un Real Decreto Ley que se ha convalidado, al que acompañan una serie de reales decretos que desarrollan la capacidad ordinaria de los sistemas de protección y contra esto el Partido Popular ha decidido hacer la ‘Santa Alianza’ y bombardearnos a procesos judiciales», ha criticado.

Según ha precisado, el PP ha intentado «por todas las vías tumbar» este Real Decreto Ley «no por una lectura de recursos» sino «política». A su juicio, «no es un problema 4.400 menores en un país de 49 millones de habitantes», sobre todo, «cuando el gasto de las comunidades autónomas dentro de sus sistemas de protección a la infancia está por debajo del 0,7%» que es lo que se tendría que dedicar a solidaridad internacional y cooperación.

Para el secretario de Estado, es «una cesión absolutamente bochornosa, de una derecha que se dice que viene de la tradición de la democracia cristiana» y que, ante «la gobernabilidad con Vox, en sus territorios donde depende de ella, está dispuesta a comprar los marcos de la extrema derecha más rancia».

«Eso es un insulto a una parte muy sensible de las bases fundacionales del Partido Popular que no viene de la derecha franquista, que venía de una democracia cristiana que incluso tuvo posiciones democráticas en la transición. Si el Partido Popular quiere escupir en una parte de su historia, lo está demostrando de una manera muy clara», ha subrayado.

En todo caso, ha explicado que cuando se ha detectado algún rechazo de alguna comunidad sobre la acogida de estos menores, las delegaciones de gobierno lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores «y al final todas las comunidades están acogiendo».

«Porque frente a las decisiones políticas, frente a lo que diga Ayuso, frente a lo que diga Feijóo, hay trabajadores públicos del sistema de protección –al que yo quiero agradecer su esfuerzo por acoger a estos menores, por darles una mejor vida–, que obviamente responden en base a su responsabilidad», ha destacado.

En cuanto al total de traslados, el secretario de Estado de Juventud ha indicado que les «hubiera gustado ir más rápido» y que, en este tiempo, muchos de los menores ya han cumplido 18 años y otros muchos han sido trasladados por el Ministerio de Inclusión porque son solicitantes de protección internacional.

Según datos anunciados por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a 26 de diciembre, ya son 1.241 los expedientes iniciados en las tres comunidades que tienen contingencia migratoria y se han dictado 810 resoluciones finales de traslado, que han servido para reubicar a 368 menores. Si a estos se añaden los niños y niñas solicitantes de asilo que ya se encuentran en otras comunidades, serían «cerca de un millar de menores reubicados en seis meses», según agregó Torres.

Además, Pérez ha pedido a las comunidades autónomas más recursos para la transición a la vida adulta de los menores tutelados y ha advertido de que hay menores extutelados que han acabado viviendo en la Cañada Real Galiana, un reflejo de la «exclusión inmobiliaria terrible» a la que se enfrentan.

«Me decía hace poco la alcaldesa de Rivas, que muchos de los usuarios que aparecen en la Cañada Real últimamente son menores que han estado en el sistema de protección en Madrid. Todo el esfuerzo económico que dice la Comunidad de Madrid hace para la protección de la infancia no puede acabar en una infravivienda en la Cañada Real», ha advertido Pérez.

De cara al próximo trimestre, el Ministerio de Juventud e Infancia prevé llevar al Consejo de Ministros el real decreto de estándares del sistema de acogida y protección. «No he visto un sector tan precarizado, con unas condiciones de trabajo, muchas veces, que residen exclusivamente en la voluntad del educador social, una situación absolutamente insostenible, muchas veces, en cuanto a seguridad y derechos», ha advertido, recordando el caso de la trabajadora asesinada en Badajoz.

En este contexto, Pérez ha exigido a las comunidades autónomas que dediquen «más recursos al sistema de protección» teniendo en cuenta también la transición a la vida adulta. «Entidades como la FEPA, que agrupa a todas las entidades de protección que trabajan con pisos tutelados, están muy alertadas porque en algunas comunidades están desapareciendo estos recursos», ha señalado.

En cualquier caso, Pérez ha insistido en que «el acogimiento familiar» debe ser «la primera opción siempre», aunque ha lamentado que a la hora de acoger a menores migrantes de 16 ó 17 años, «es evidente» que existe «un estigma social» y ha apostado por diseñar campañas de captación y sensibilización.

Si bien, ha criticado la «mala voluntad que tienen algunas comunidades, empezando por la de Madrid» que tumbó una iniciativa del Ministerio para fomentar este acogimiento en familias.

«Nosotros decidimos coger una partida presupuestaria de 16 millones de euros para fomentar la llegada y que se anoten familias al acogimiento familiar. Básicamente, lo que hacíamos era un registro nacional de familias acogedoras para luego dárselo a las comunidades autónomas, ya que son sus competencias, para que fomentaran el acogimiento familiar. La Comunidad de Madrid nos llevó al Tribunal Constitucional y nos tumbó porque dijo que el acogimiento familiar era su responsabilidad, pero luego no invierte», ha denunciado.