Rechazada la propuesta de Vox para restringir arraigo de inmigrantes tras negativa de PSOE y abstención de PP

TOLEDO 3 Sep. –

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves, con el voto en contra de la mayoría absoluta del PSOE y la abstención del PP, la Proposición de Ley de Vox por la que pretendía elevar a las Cortes Generales su propuesta para restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo.

Un debate que se ha producido en el primer pleno del último periodo de sesiones de la legislatura en el que, mientras que Vox ha asegurado que su partido tiene «el deber de actuar» ante «una situación de emergencia nacional», en el PP se han mostrado de acuerdo en que la inmigración supone una situación de «crisis» pero han rechazado que las Cortes autonómicas sean el foro adecuado para tratar la cuestión.

De su lado, desde el PSOE han reconocido que la crisis migratoria en Ceuta «no se ha gestionado con la eficiencia necesaria» pero han afirmado que la propuesta de Vox «no mejora» la situación y es «contraria al derecho internacional».

En el texto propuesto por Vox, el partido criticaba que el fenómeno de la inmigración ilegal ha adquirido «dimensiones colosales» y lamenta que la legislación vigente «se ha demostrado insuficiente para disuadir de los efectos adversos» que produce.

También pone el foco en la «ínfima» cantidad de expulsiones que se realizan, considerando que de no producirse esta modificación legislativa «se seguirá reproduciendo este problema y permitirá que individuos con órdenes de expulsión en nuestro país deambulen por el territorio».

De esta forma, para Vox «urge un endurecimiento generalizado de la legislación vigente en materia de inmigración», en especial, afirman, «para luchar contra las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos y que ponen en riesgo la vida de millares de personas».

Asimismo, incide en que la actual normativa, en referencia tanto a la Ley de Extranjería como al Reglamento de Extranjería, «es muy laxa» en cuanto a los requisitos necesarios para autorizar la residencia temporal de los inmigrantes.

Finalmente, considera que también es necesaria una reforma del Código Penal, en especial «una modificación que posibilite la expulsión de aquellos inmigrantes que hayan sido condenados a penas de prisión».

«De esta forma, se pretende robustecer el fin disuasorio de la pena, al objeto de reprimir las conductas dolosas que se están reproduciendo de forma alarmante en nuestro país», aseguran.

En la defensa de la iniciativa, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha incidido en que «la entrada y permanencia ilegal en nuestro país no puede convertirse en una vía privilegiada» para acceder a la residencia.

Moreno ha manifestado que «el socialismo ha creado estas políticas durante décadas con la colaboración del bipartidismo» y ha indicado que su proposición pretende eliminar la «trampa» del arraigo, que «nació como un mecanismo excepcional pero se ha convertido en un coladero de regularizaciones masivas».

Ante ello, ha señalado que el Gobierno regional «no puede fingir» que esta situación no afecta a Castilla-La Mancha «porque las consecuencias se extienden por toda España y acaban llegando a cada región, a cada municipio y a cada barrio».

LA «TERCERA VÍA» DEL PP

Del lado del PP, el diputado José Antonio Martín-Buro ha coincidido en que «nos encontramos ante una crisis de gobernanza que afecta a la seguridad de nuestras fronteras, a la sostenibilidad de determinados servicios públicos y a la confianza en determinadas instituciones».

Sin embargo, Martín-Buro ha asegurado que el debate «no puede reducirse a una discusión jurídica sobre el arraigo» porque «es una cuestión mucho más profunda», manifestando que la propuesta de Vox «no es nueva» sino «una reproducción prácticamente literal» de la que este partido ya llevó al Congreso de los Diputados y no fue rechazada.

En todo caso, ha señalado que resulta «evidente» que las Cortes autonómicas «no son el foro idóneo» para reabrir un debate legislativo, recordando que la competencia legislativa en materia de extranjería está en el estado, por lo que las reformas orgánicas «deben debatirse donde corresponde, en el Congreso y en el Senado».

Ante esta propuesta de Vox, el diputado ‘popular’ ha valorado el plan de inmigración presentado a nivel nacional por su partido, que apuesta por «una llegada ordenada y legal» sin «negar la realidad» de la inmigración ni tampoco «simplificarla».

«La migración no es un fenómeno coyuntural, no va a desaparecer y nos va a acompañar durante décadas», ha expuesto, aseverando que su plan apuesta por «una tercera vía europea, reformista y basada en el equilibrio» para alcanzar la inmigración legal que España «necesita».

UNA PROPUESTA «CONTRARIA AL DERECHO INTERNACIONAL»

Finalmente, del lado del PSOE, el diputado Pablo Camacho ha querido mostrar la «solidaridad» de los socialistas castellanomanchegos con los ceutíes y ha reconocido que la crisis migratoria en la ciudad autónoma «no se ha gestionado con la eficacia necesaria por las administraciones implicadas».

Sin embargo, cree que, mientras Ceuta exige «más estado, mejor coordinación y más eficacia», la propuesta de Vox «no aporta ninguna de esas cosas».

«No mejora la vigilancia de nuestras fronteras, no refuerza a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, no mejora la coordinación con Marruecos ni con la UE, no combate a las mafias que trafican con seres humanos, no ofrece una respuesta concreta para Ceuta y Melilla y no evita que una crisis así vuelva a repetirse en el futuro», ha asegurado.

En opinión de los socialistas, Vox aprovecha una «situación dramática» para presentar una reforma que «bajo el título de restringir el arraigo, lo que hace es modificar todo el sistema de expulsión, de internamiento y de protección de personas migrantes».

«Y debemos decirlo con absoluta claridad, una parte importante de lo que propone Vox no es jurídicamente viable o, dicho de otra forma, lo que Vox propone es contrario al derecho internacional», ha concluido.