PSOE y PP pactan 10 enmiendas para «mejorar» la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa

El Grupo Parlamentario Socialista ha transado 10 enmiendas de las 20 que había presentado el PP al Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, sugerencias que se incorporarán a dicho proyecto de Gobierno de Castilla-La Mancha, listo para llegar a pleno.

Así ha quedado de manifiesto en la Comisión de Asuntos Generales celebrada este martes en el Parlamento regional, que ha rechazado, por contra, las 16 enmiendas presentadas por Vox, que se mantienen vivas para su debate en sesión plenaria.

Socialistas y ‘populares’ han pactado que antes de contar con Entidades Colaboradoras, figuras privadas que se ocuparán de la comprobación de informes y certificados, se ha de analizar la suficiencia de los recursos humanos de cada departamento para el cumplimiento de los objetivos de simplificación, agilización y digitalización administrativa de la presente ley, proponiendo, en su caso, la consecuente reestructuración de la Relación de Puestos de Trabajo.

De igual modo, han acordado que, a través de un conocido como Canal Empresa, las empresas puedan formular a la Administración las sugerencias que tengan por conveniente sobre mejoras en la simplificación de procedimientos o reducción de cargas administrativas para su estudio por esta, así como plantear dudas sobre la interpretación de las normas aplicables en los procedimientos administrativos en los que tengan la condición de interesado.

El portavoz ‘popular’ en dicha comisión, Santiago Serrano, ha agradecido la disposición del PSOE a la hora de aceptar también que la auditoría de simplificación sea explicada en las Cortes, que la reducción del plazo de vigencia de la autorización sea de siete años, o que las consejerías reduzcan ese plazo de revisión de los procedimientos susceptibles de modificar el silencio administrativo.

De igual modo, ha agradecido que los socialistas apoyarán su enmienda que abogaba por que donde haya tasas no exista «repago», al tiempo que ha avisado de que controlarán que el establecimiento de tarifas sea «el justo».

No obstante, tras advertir que con este acuerdo el PP «no está dando ningún cheque en blanco a nadie», ha asegurado que van a estar absolutamente vigilantes con la aplicación de la normativa, tanto en la parte que respecta al empleado público, como al desarrollo de esa labor de las entidades de colaboración para que no suponga, en ningún caso, «una administración a dos velocidades ni, tampoco, una consolidación de privilegios a la hora de tener o de obtener una licencia o una autorización o, simplemente, relacionarse con la administración».

Dicho esto, ha avanzado que van a presentar una enmienda de adición a la enmienda número 39 del Grupo Parlamentario Socialista, para que se produzca esa modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio para adecuar la normativa a la realidad urbanística.

«Lo difícil realmente es pactar en una norma así, y eso es lo que hemos hecho con el fin de mejorar el texto», ha terminado destacado el representante del Grupo Popular, que en inicio presentó 20 enmiendas al texto y ha terminado retirando 11.

El portavoz del PSOE, Ángel Tomás Godoy, también ha celebrado el consenso alcanzado con el PP, pues se ha mostrado convencido de que las leyes que provienen del acuerdo entre los grupos políticos «generan siempre mayor seguridad jurídica y, normalmente, permanecen más tiempo en el ordenamiento».

Por contra, ha asegurado que era «imposible» consensuar algo con Vox, pues las 16 enmiendas que han presentado al texto, «más de lo que trabajan por costumbre», han sido realizadas, «fundamentalmente, desde la demagogia».

El PSOE también ha conseguido incorporar al texto, con el voto del PP, las cuatro enmiendas que formuló, incluyendo, entre otras cuestiones, que los procedimientos que sean iniciados a solicitud de persona interesada, por medio de entidades colaboradoras de la Administración regional, entidades habilitadas o a través de asociaciones o entidades representativas del respectivo ámbito de actuación, se podrán tramitar de forma íntegramente digitalizada.

Por su parte, Vox, que enmendó a la totalidad la norma y ha presentado 16 parciales, ha insistido en que lejos de buscar el consenso, esta norma ha sido elaborada «a espaldas de los castellanomachegos», pues, «una vez más, el Partido Socialista ha optado por imponer una ley sin escuchar, sin dialogar».

Su portavoz, Luis Juan Blázquez, ha insistido en que esta ley es «una privatización encubierta de los servicios públicos, un aumento de la burocracia y una consolidación de estructuras que, lejos de ayudar, estorban y cuestan muy caras a todos los ciudadanos».

Por ello, sugieren eliminar la comisión que plantea crear la norma, y abogan por un plan de simplificación administrativo real, aprobado en seis meses y con un seguimiento anual y una evaluación pública.

De igual modo, proponían que la auditoría anual sea remita al Tribunal de Cuentas y a las Cortes, o ampliar los plazos cuando se requiera documentación compleja.

Prohibir convocatorias en periodos inhábiles, crear una memoria justificativa muy rigurosa de aquellas normativas en las que se imponga el silencio negativo o que el plazo general de resolución sea de tres meses, son otras de las propuestas que, no obstante, han sido rechazadas.

Con sus enmiendas los de Vox proponían también suprimir del título cuarto de la norma, que regula las denominadas entidades colaboradoras, «un intento encubierto de la privatización sin control ni garantías de servicios públicos».

«No queremos intermediarios en trámites ciudadanos, queremos una Administración que sea accesible, clara y directa», ha añadido el parlamentario de Vox, formación que también ha planteado incluir como responsables a la Administración y precisamente a aquellos organismos encargados de los procedimientos por aquellos daños y perjuicios que causen a los interesados en algo tan importante como es el incumplimiento del deber legal de resolver en plazo.