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Publicado 13 Aug 2025 11:41

CIUDAD REAL 13 Ago. –

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Ciudad Real ha reclamado la paralización inmediata del plan de conectividad 5G impulsado por el equipo de Gobierno de PP y Vox, al considerarlo un proyecto «improvisado, ineficaz, sin estrategia ni coordinación», que va a suponer una carga económica inasumible para muchos ayuntamientos.

«Es un caramelo envenenado», ha advertido el portavoz socialista, José Manuel Bolaños, según ha trasladado la formación por nota de prensa. «Hablan de apoyar a los ayuntamientos, pero lo hacen sin consensuar ni hacer partícipes a los ayuntamientos», ha subrayado.

Bolaños ha afirmado que los alcaldes y alcaldesas se han enterado de estos proyectos cuando ya estaban cerrados, y lo hicieron a través de un correo electrónico que les exigía firmar un convenio con carácter urgente, una urgencia sin posibilidad de revisión ni asesoramiento técnico previo.

«¿De verdad creen que un plan que implica una inversión de más de 821.000 euros puede cerrarse sin una sola reunión, ni explicación?», ha preguntado.

El portavoz socialista ha denunciado que el plan 5G incumple su propio pliego de condiciones, que impide expresamente instalar antenas donde ya existe fibra óptica terrestre.

Sin embargo, la Diputación ha remitido esta convocatoria a municipios que ya cuentan con esa conexión, lo que contradice lo establecido en las bases y deja sin sentido el proyecto.

Además, algunos pueblos tendrán hasta tres antenas, y serán ellos quienes deban hacerse cargo del mantenimiento, con un coste estimado de 1.200 euros por cada una a partir del primer año.

A todo ello se suma que el sistema previsto apenas permite conexiones simultáneas, con velocidades muy limitadas y un volumen de datos que se agota rápidamente.

«No se puede hablar de digitalización cuando apenas se puede enviar un correo o abrir una videollamada, si no sirve para estudiar, para teletrabajar ni para impulsar la actividad económica no es útil, y por tanto no es un buen proyecto», ha afirmado Bolaños.

«Pedimos rigor, diálogo y sensatez al equipo de Gobierno, ya que este proyecto necesita ser repensado porque se está ejecutando con prisas, sin criterio técnico y con un desprecio absoluto por la voz de los municipios y de la oposición», ha continuado, recordando que el Grupo Socialista tiene 12 diputados provinciales, frente a 11 del PP y 2 de Vox.

También en el programa de cámaras de videovigilancia Bolaños ha indicado que esta forma de actuar del equipo de Gobierno no es un caso aislado, sino que se repite con otros programas, como ha ocurrido con el reciente proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia.

«Otro proyecto tecnológico planteado sin planificación, sin legalidad garantizada y de espaldas a los consistorios», ha denunciado.

En este caso, la Diputación envió un correo electrónico directamente a los monitores de los Puntos de Inclusión Digital (PID), solicitando que obtuvieran datos de las cámaras de seguridad «a toda prisa y sin que se enteraran los propios alcaldes».

Un procedimiento «irregular», que debería haber pasado por una reunión formal con los ayuntamientos y haber contado con las necesarias autorizaciones legales de la Subdelegación del Gobierno.

«¿Qué tipo de seriedad es esta?», ha cuestionado.

«Los proyectos pueden ser útiles, pero si se imponen con esta actitud de imposición, se genera desconfianza, descontrol e improvisación, y eso es exactamente lo que nos trasladan los alcaldes y alcaldesas».

El portavoz socialista ha recordado que la Diputación cuenta con un presupuesto saneado y fuerte gracias a la gestión del anterior equipo de Gobierno, pero que eso no justifica el despilfarro ni la improvisación.

«Esta institución no está para ejecutar fondos a capricho, sino para atender con seriedad las necesidades reales de nuestros pueblos, que requieren inversión para temas verdaderamente necesarios».

Por ello, ha pedido a Valverde que «escuche a los alcaldes y alcaldesas y que no tenga miedo de reunirse con ellos», ya que «muchos de ellos llevan ya casi dos años pidiendo una reunión y siguen sin contestación alguna».

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