PP acusa a Junta infrafinanciar a los Ayuntamientos y el PSOE lo niega apuntando a la pérdida de fondos europeos

TOLEDO 9 Oct. –

El pleno ordinario de las Cortes de Castilla-La Mancha ha albergado este jueves un debate general sobre el impacto de las políticas públicas del Gobierno regional en las haciendas locales, en el que se ha escenificado un desencuentro entre la Partido Popular, que acusa al Ejecutivo de infrafinanciar a los Ayuntamientos, y un PSOE que lo niega, señalando la responsabilidad de las administraciones locales en la pérdida de fondos europeos y ayudas.

El diputado del Partido Popular, Santiago Serrano, ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de haber declarado una «guerra abierta» contra «todos los ayuntamientos» de la región. Una guerra que ha atribuido al cambio de signo político de los gobiernos municipales, «toda vez que han perdido el gobierno en la mayoría».

Según ha afirmado el parlamentario del PP, el Gobierno autonómico ha reducido el volumen de recursos para los municipios, mientras aumenta las partidas de la administración regional. Así ha destacado que en los últimos presupuestos «aprobaron unas transferencias aumentadas de las entidades locales hacia la Junta de Comunidades de casi un 540% y, sin embargo, una disminución de casi el 60% en el sentido contrario».

Serrano ha planteado que esta línea de acción sitúa a los Ayuntamientos ante la obligación de mantener unos servicios públicos sin recursos, mientras se incrementan sus costes. Una situación que ha ejemplificado con el Plan Corresponsables, apuntando que «va a perder al menos un 25% de esa financiación», acusando a la Junta de no facilitar ayudas.

«No solamente no han sacado la convocatoria de ayudas, sino que dicen que además, a falta de decreto, los ayuntamientos tendrán que asumir con fondos propios la cofinanciación de esos servicios», ha declarado en este sentido.

En el mismo sentido, se ha referido a los servicios de Ayuda a Domicilio, y ha reiterado las críticas al establecimiento del canon del agua. Además, ha acusado a la Gobierno de Castilla-La Mancha de instrumentalizar esta dinámica asegurando que «políticamente lo ven como una rentabilidad» ya que «de cara a las próximas elecciones es el alcalde el que se va a quemar».

Frente a esto, la parlamentaria del Grupo Socialista, Silvia Fernández, ha rechazado las acusaciones, defendiendo que la línea de acción de la Junta es de apoyo a las administraciones locales «gobierne quién gobierne». «No es cierto que no se les ayude, no es cierto que se les dé la espalda, no es verdad», ha señalado la diputada.

Fernández ha señalado que la Junta está supliendo los problemas generados en las cuentas de muchas administraciones locales ante la pérdida de recursos de fondos europeos, como los Fondos EDIL. «Han perdido esas ayudas y va a ser la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quien va a ayudarles», ha asegurado en este sentido.

«En algunos de los casos esa ayuda que se hacen de nuestras administraciones públicas y para que se ahorren los ayuntamientos, hay ayuntamientos que lo que hacen es subirse los sueldos y gastárselo en asesores», ha apostillado.

Sobre el Plan Corresponsables, concretamente, la parlamentaria ha responsabilizado a las administraciones locales por no gestionar la solicitud de ayudas autonómicas, asegurando que «ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y por Vox están perdiendo esas subvenciones que están poniendo a su disposición la Junta».

En cuanto al canon del agua, ha señalado que algunos gobiernos municipales «están escondiendo la vergüenza de subida que han impuesto a vecinos y vecinas de los ayuntamientos, de los municipios, de nuestros pueblos, con subidas que nada tienen que ver con el canon del agua».

Por otra parte, la parlamentaria socialista ha acusado al PP de haber infrafinanciado a las administraciones locales en la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal, acusándoles de haber establecido «casi 133 medidas de la vergüenza que hizo su Gobierno en esta región».

De su lado, el parlamentario de Vox, Francisco José Cobo, ha centrado su intervención en una crítica al sistema autonómico.

«Cada comunidad autónoma gestiona su propia financiación y la traslada a las entidades locales, a las corporaciones, a los municipios, como vemos y venimos diciendo, de cada territorio», ha apuntado, añadiendo que «esto genera disparidad, genera desigualdad».

Además, ha planteado que los municipios cuentan con «una importante dependencia de las transferencias condicionales» lo que ha conducido a «un elevado endeudamiento».

En cuanto a la actuación específica de la Junta, ha afirmado que «año tras año, los presupuestos generales de la Junta disminuye la financiación destinada a las entidades locales, mientras aumentan los gastos políticos de organismos duplicados y los programas que nunca llegan a tiempo».

«Nuestros ayuntamientos, nuestros municipios, nuestros ciudadanos están asfixiados económicamente», ha afirmado el diputado de Vox, asegurando que, mientras tanto, la Junta acumula «más competencias, más fondos y más promesas incumplidas».

El debate ha concluido con la intervención del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Ruiz Molina, que ha defendido el compromiso de la Administración autonómica con la financiación de los Ayuntamientos.

Una posición que, ha argumentado, se ha traducido en una canalización a los ayuntamientos «con cargo al presupuesto de la Administración regional 2.600 millones de euros». Asimismo, ha apuntado a la firma de «12.617 convenios con entidades locales» que han supuesto una aportación regional de «1.440 millones de euros».

«El triple de lo que podía destinar aquellos que ahora están preocupados por la financiación de las corporaciones locales, como es el Grupo Parlamentario Popular», ha señalado, comparándolo con las aportaciones en la etapa de Cospedal.

En cuanto a política en zonas rurales despobladas, Ruiz Molina ha afirmado que «una parte importante de la financiación que canalizamos a través de las corporaciones locales tiene su origen también en la estrategia regional de lucha contra la despoblación».

Además, ha acusado al PP de hacer «una política fiscal basada en el engaño» al prometer rebajas fiscales en campaña electoral y luego incrementar las tasas.

El debate ha concluido con la aprobación de la propuesta de resolución presentada por el PSOE, con 17 votos a favor y 14 en contra, frente a la propuesta del Partido Popular, centrada la propuesta de una batería de medidas para mitigar las «tensiones de tesorería» entre las administraciones locales y autonómica, así como la supresión del canon del agua.

La propuesta del PP ha sido rechazada con diez votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones.

Por su parte, la propuesta de Vox, centrada en la superación del «actual Estado autonómico», ha sido rechazada con cuatro votos a favor y 27 en contra.