Montero niega «ningún tipo de privilegio ni trato de favor» a Cataluña con la nueva financiación

El Gobierno se reunirá con los grupos una vez se mantengan los encuentros bilaterales con las CCAA y se redacte el texto de la ley

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este miércoles que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica esté ideado para «contentar» a Cataluña y ha asegurado que no hay ningún tipo de privilegio ni de trato de favor con ninguna comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado la titular de Hacienda tras reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar de la propuesta de reforma del nuevo sistema de financiación autonómica, que será de aplicación voluntaria.

Pese a las críticas trasladadas por los consejeros de todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, Montero ha defendido que no existen razones objetivas para que ninguna comunidad autónoma pueda oponerse a este modelo.

«Yo lo que he visto en el interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta», ha lamentado la titular de Hacienda.

Y es que el modelo que ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con los independentistas catalanes, específicamente con ERC.

«Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira», ha defendido la ministra.

De hecho, Montero ha defendido que, de los 20.975 millones adicionales que el Estado trasladará a las comunidades para financiar los servicios públicos que gestionan, más de 15.000 serán asignados a regiones que gobierna el PP.

«Por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda, es el Partido Popular, que es el que gobierna hoy por hoy en la gran parte del territorio», ha explicado Montero.

La titular de Hacienda ha asegurado que el nuevo modelo aumenta la solidaridad interterritorial de forma «clara y transparente». Según Montero, los territorios con más capacidad tributaria aportarán más recursos al sistema, mientras que las comunidades con menos ingresos serán receptoras netas del sistema.

Además, la ministra ha señalado que no existe el principio de ordinalidad que inspire este modelo. «Solamente hay una comunidad autónoma que hemos mirado, porque la miró la propia comunidad que es Cataluña, que lo cumple, pero hay otras que lo cumplirán y otras que no. Yo ya les digo que con el ‘status quo’ la gran parte no lo cumplen», ha explicado.

María Jesús Montero también ha negado que el nuevo modelo sea fruto de un pacto bilateral y ha recordado que «se discute en el CPFF y se vota en el Congreso, porque es una ley orgánica».

Montero ha lamentado que en algunos foros se ha transmitido que el Gobierno quiere trocear la Agencia Tributaria, algo que es «totalmente falso», según la ministra.

Según la titular de Hacienda, el Gobierno lo que quiere es trabajar en red como trabajan todas las estructuras de organización inteligente. Para Montero, la información que tiene la Agencia Tributaria en cuanto a su capacidad de perseguir el fraude beneficia enormemente del trabajo en red.

Con esto, se permite compartir bases de datos y se permite, por tanto, tener más caracterizado a cada uno de los contribuyentes a la hora de abordar cualquier tipo de materia.

Además, la ministra ha recordado que esto será de carácter voluntaria, por lo que aquella comunidad que no quiera trabajar en red, «que trabaje solo». «Yo creo que permitiría mayor eficacia en la lucha contra el fraude, pero insistimos: si no se quiere, no se quiere», ha remarcado.

La intención del Gobierno es que el nuevo modelo entre en vigor en 2027 y, por tanto, antes del mes de junio tiene que haber entrado en la Cámara Baja para que lo califique la mesa y se pueda empezar a trabajar.

Antes, el Gobierno tiene previsto reunirse con las comunidades autónomas en encuentros bilaterales y, posteriormente, redactar el texto de la ley orgánica.

De hecho, la ministra ha contado que comunidades autónomas, como por ejemplo Asturias, han hecho un pronunciamiento de querer incorporar elementos al modelo que considera que pueden ser mejorados.

Una vez completado esto, Montero ha asegurado que se reunirán los grupos parlamentarios. «Me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria, me sentaré con todos los grupos presentes en la Cámara para poder concitar el acuerdo. Y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener y que permita que el modelo avance, porque este modelo es mejor que el anterior», ha remarcado la vicepresidenta primera.