Los estatutos de la Agencia de Investigación e Innovación regional se modifican para fortalecer proyectos de I+D+i

El Ejecutivo regional ha modificado los estatutos de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (Innocam), de manera que convierte a la Agencia en el verdadero testador de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en la región, impulsando su papel, fortaleciendo el sistema regional y avanzando en su consolidación.

«Seguimos consolidando un sistema regional de I+D+i fuerte y autónomo. Con esta modificación, la Agencia asumirá la evaluación científico-técnica de los proyectos de investigación que se desarrollen en la región», ha confirmado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa que cada miércoles ofrece para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Padilla ha reconocido que, con esta reforma de sus estatutos, «la agencia asume el papel central de la I+D+i en la región, y se garantiza una organización administrativa adecuada para la evaluación científico-técnica que tiene que llevar a cabo».

Hasta ahora, esa evaluación dependía mayoritariamente de la Agencia Estatal de Investigación, incluso cuando los proyectos se ejecutaban en Castilla-La Mancha. A partir de ahora, la evaluación se realizará directamente en la Comunidad, con estándares nacionales e internacionales y con plena autonomía. Ganamos capacidad propia, adaptamos nuestros procedimientos a los estándares más exigentes y fortalecemos el sistema regional de ciencia e innovación.

Este cambio afecta a todos los actores que conforman el Sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, como las universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, personal investigador, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para el nuevo papel evaluador de la agencia, la portavoz del Ejecutivo ha recordado «el gasto de 100.000 euros al año para cubrir las evaluaciones científicas, en el marco de una estrategia más amplia respaldada por 1.300 millones de euros del recién aprobado Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación».

Junto a la decisión de hoy, ha señalado, «se suma el incremento del presupuesto de Innocam en un 18,4 por ciento para 2026, el registro de investigadores, las convocatorias para contratación de personal investigador y docente, la financiación de proyectos en entidades públicas y las ferias de transferencia de conocimiento, como Transforma Castilla-La Mancha. «No son decisiones aisladas. Estamos construyendo, pieza a pieza, un engranaje sólido para que la investigación y la innovación sean una palanca real de desarrollo económico, retención del talento y competitividad empresarial», ha insistido.

Por otro lado, la consejera portavoz ha informado de un convenio firmado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AMAT) para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de origen traumatológico.

En palabras de Padilla, «el objetivo es claro: mejorar la gestión de la salud de las personas trabajadoras y evitar prolongaciones innecesarias de los procesos, contribuyendo también a reducir el absentismo vinculado a situaciones que pueden resolverse antes, siempre con pleno respeto al derecho a la baja médica. La incapacidad temporal es un derecho y una garantía sanitaria, y en ningún caso se cuestiona su legitimidad».

Este convenio permitirá realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores con mayor agilidad, reducir duplicidades entre entidades y optimizar recursos, siempre que médica y clínicamente sea posible. En su opinión, «cuando una baja se prolonga más de lo clínicamente necesario, no gana nadie: ni la persona trabajadora, ni la empresa, ni la Seguridad Social, ni el sistema público».

Este convenio permitirá realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores con mayor agilidad, reducir duplicidades entre entidades y optimizar recursos.

Además, en su última reunión, el Gobierno del presidente García-Page ha acordado ceder la propiedad de un inmueble al Ayuntamiento de Cuenca, el actual Centro Social Municipal, ubicado en la calle San Lázaro, 80.

Se trata de «un inmueble que ya se destina al centro social municipal y, por tanto, esta cesión gratuita, va a contribuir a una gestión más eficaz, al permitir que la administración más cercana, que es la que presta el servicio y ya hace uso del edificio, pueda gestionarlo de forma directa», ha destacado.