Los ayuntamientos llevan al Gobierno a los tribunales para forzar la convocatoria de la Comisión de Administración Local

La FEMP defiende que el foro debería convocarse dos veces al año

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para forzar al Gobierno a la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el órgano de colaboración entre las entidades locales y el Estado.

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha justificado la decisión por la «falta de respuesta» del Ejecutivo a las peticiones de la federación para que se convoque dicho órgano, al objeto de abordar la reforma del sistema de financiación local, que debería acometer el Ministerio de Hacienda.

En un comunicado, la entidad subraya que tanto el pleno como las subcomisiones de la CNAL «deberían reunirse, como mínimo, dos veces al año», pero que en el contexto actual, la última sesión ordinaria tuvo lugar en septiembre de 2022, en la anterior legislatura, si bien reconoce que tanto en diciembre de 2023 y julio de 2024 se convocó de manera extraordinaria para que Gobierno diera traslado de la senda de gasto de los proyectos de presupuestos generales del Estado.

«En esta comisión se debaten los problemas de los ayuntamientos, entre ellos, la falta de financiación y recursos, que no son para quedárnoslos los consistorios, sino para ponerlo en la calle y hacer que los ciudadanos reciban los mejores servicios posibles, que es lo que merecen», ha afirmado la presidenta de la FEMP.

García-Pelayo ha recordado que la FEMP ha solicitado por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la convocatoria de este foro en tres ocasiones, sin que, ha asegurado, haya habido respuesta, y que ha hecho lo propio con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el encargado de presidir la comisión.

«Después de muchos intentos, el Ejecutivo sigue sin dar respuesta», ha lamentado, antes de incidir en que los ayuntamientos españoles tienen que ser «escuchados» en el debate sobre la financiación autonómica.