Las familias acusadas de trata de seres humanos por casar a una menor de 12 años alegan «costumbres ancestrales»

Las dos familias búlgaras afincadas en Moral de Calatrava y acusadas de un delito de trata de seres humanos por casar a una menor de 12 años con otro menor han defendido que los hechos responden a costumbres «arraigadas y ancestrales» en Bulgaria, especialmente dentro de la etnia gitana, y que actuaron en España del mismo modo que lo habrían hecho en su país de origen.

Así lo ha narrado el abogado de los padres de la joven, Alberto Chacón, en declaraciones a los medios de comunicación momentos previos a la primera sesión del juicio, que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real a puerta cerrada debido a la presencia de la menor.

El letrado ha sostenido que la Unión Europea permite que este tipo de prácticas se lleven a cabo en países como Bulgaria y ha enmarcado lo ocurrido en una tradición propia del entorno cultural de las familias acusadas.

Según ha explicado, al residir las familias en Moral de Calatrava, reprodujeron en España lo que, a su juicio, habrían hecho igualmente en Bulgaria.

El letrado ha defendido que no existió una finalidad de explotación, sino la aplicación de una práctica cultural asumida por las familias, si bien el Ministerio Fiscal mantiene una acusación por trata de seres humanos tanto para los padres de la niña como para los padres del joven con la que lo casaron, a quien acusan también de una agresión sexual a menor de 16 años.

Según recoge el escrito de acusación, los procesados habrían concertado el traslado de la menor desde Bulgaria a España cuando tenía 12 años para integrarla en el entorno familiar del otro menor, que en el momento de la unión tenía 17 años.

La Fiscalía sostiene que la niña quedó en una situación de dependencia y falta de autonomía personal, sin escolarización ni acceso al aprendizaje del idioma.

El Ministerio Fiscal relata que, en ese contexto, la menor quedó embarazada en dos ocasiones. La primera gestación se interrumpió en junio de 2023 y la segunda culminó con el nacimiento de un bebé en agosto de 2024, que fue lo que llevó a los servicios médicos a dar la señal de alarma a la Fiscalía.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal imputa a los padres de la menor y del joven un delito de trata de seres humanos, por el que solicita cuatro años de prisión.

En el caso del joven con el que la menor fue unida, el Ministerio Fiscal le atribuye un delito de agresión sexual a menor de 16 años, por el que pide 11 años de prisión.