La planta de Socuéllamos donde falleció una trabajadora operaba pese a dos negativas y será sancionada con 85.000 euros

CIUDAD REAL 29 Oct. –

La planta de tratamiento de residuos biosanitarios del Grupo Athisa, ubicada en Socuéllamos (Ciudad Real), donde el pasado lunes murió una trabajadora de 51 años y otros dos empleados resultaron heridos graves, será sancionada con 85.000 euros por una infracción grave previa al accidente de esta semana.

Así lo ha indicado este miércoles la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, a preguntas de los medios de comunicación.

Fernández ha explicado que el expediente sancionador fue abierto con anterioridad al accidente, tras una inspección realizada por el Gobierno regional el 6 de agosto, y se encuentra ahora en periodo de alegaciones.

«Ese expediente sancionador va a salir hacia adelante con una falta grave y con una multa de 85.000 euros», ha precisado.

La delegada ha recordado que la planta solo tenía autorización para trabajar con residuos citostáticos, es decir, materiales procedentes de tratamientos oncológicos, como matrices de orina o utensilios utilizados en terapias hematológicas, y que no son residuos con riesgo de explosión. Por ello, ha advertido que será necesario determinar qué otros productos se manipulaban en la nave.

También ha detallado que, en la actualidad, la planta funcionaba acogiéndose a la exención de una autorización prevista en el artículo 34 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que permite a ciertos proyectos de investigación operar mediante declaración responsable, sin necesidad de una autorización expresa.

«Los proyectos de investigación no están obligados a tener autorización. Si cumplen una serie de requisitos, lo que hacen es comunicarnos su actividad. La Administración no autoriza, pero sí puede inadmitir esa comunicación si no se ajusta a la ley», ha explicado.

Sin embargo, la Junta rechazó en dos ocasiones las solicitudes de la compañía para ampliar su actividad. La primera fue en julio, cuando la empresa pidió trabajar con mayores volúmenes, y la segunda el 2 de octubre, cuando comunicó su intención de prolongar el proyecto actual más allá del 9 de octubre, fecha en la que expiraba el plazo inicial.

«A esa nueva declaración responsable les volvimos a decir que no», ha señalado la delegada, que considera que la segunda petición se realizó «con mala fe» al acabársele el plazo el 9 de octubre.

Además, ha subrayado que la Junta ya había advertido a la empresa de que debía hacer mejoras y que había detectado deficiencias en las actas de inspección, también ratificadas por el Seprona.

Respecto a si la empresa tenía o no licencia de actividad, Fernández ha aclarado que eso corresponde al Ayuntamiento de Socuéllamos y que «lo desconocen» al ser dependiente de la entidad local.

La delegada ha pedido prudencia y ha señalado que corresponde a la Policía Judicial de la Guardia Civil determinar las causas del siniestro. «Si ha habido alguna negligencia o irresponsabilidad por parte del empresario, tiene que caer el peso de la ley sobre la empresa», ha afirmado.

Por último, ha reiterado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida y ha trasladado su apoyo a los dos heridos, que siguen en estado crítico.

«Es un hecho tan dramático que no conviene frivolizar. Hemos cumplido taxativamente la ley y ahora solo esperamos que se investigue y se aclaren las causas cuanto antes», ha concluido Fernández.