La ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Toledo queda rechazada tras quedarse solo el PP ante PSOE, IU-Podemos y Vox

La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo ha quedado rechazada en la Comisión de Transportes del Ayuntamiento toledano después de que el PP se haya quedado solo con el rechazo de la oposición de PSOE e IU-Podemos y también de Vox, socio de los ‘populares’ en el equip de Gobierno loca.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista lamentan que el alcalde, Carlos Velázquez, y el Partido Popular «pongan en riesgo una vez más dinero de los fondos europeos que ya estaban en la caja del Ayuntamiento de Toledo y que ahora, por su mala planificación, la ciudad puede perder», según ha informado el PSOE en nota de prensa.

También han lamentado que el proyecto de Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) «solo tenga carácter recaudatorio y cargue al Caso Histórico con responsabilidades que no se justifican, no ofrece alternativas de transporte público a los toledanos y toledanas, y solo impone limitaciones, sanciones y recaudación».

«Un proyecto que el Gobierno presenta sin creérselo en absoluto, simplemente por obligación legal, sin ninguna conciencia de su necesidad ni de su utilidad, así lo ha reconocido el propio concejal de Movilidad», ha manifestado el concejal socialista Francisco Rueda.

Rueda, quien ha calificado de «ordenanza fake» la propuesta del Gobierno municipal porque «no conseguirá ninguno de los resultados que pretende la regulación de zonas de bajas emisiones», ha señalado que la normativa «carga, sin ninguna justificación, toda la responsabilidad sobre el Casco Histórico, sus vecinos, las empresas y los trabajadores, aunque nada de lo presentado justifica que sea la zona más contaminada ni la que menos tráfico tiene de la ciudad».

El concejal ha criticado que la ordenanza «no apuesta en ningún momento por alternativas, ni transporte público, ni servicios públicos, ni peatonalización». «Solo apuesta por restricciones, penalización y sanciones», ha enfatizado.

Además, Rueda ha destacado que «en el fondo, es un proyecto recaudatorio, y no lo decimos nosotros, lo pone el propio estudio técnico y el informe económico, que prevé un aumento de la recaudación del Ayuntamiento a raíz de la implantación de la ZBE».

El concejal socialista también ha denunciado la demora del Gobierno municipal: «Han tardado dos años y medio en elaborar esta ordenanza y nos la traen prácticamente días antes de que acabe el plazo para justificarla ante el Ministerio y salvar subvenciones que se encontraron del anterior equipo de Gobierno, subvenciones con fondos ya incorporados, dos de ellas por un total de seis millones de euros, que ahora se ponen en riesgo».

Por parte de Vox, la presidenta del Grupo Municipal y también vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha apelado a «sus principios» y a su «responsabilidad» con los ciudadanos que depositaron su confianza en Vox, para rechazar el proyecto, que supondría la restricción de movilidad para «los ciudadanos que no pueden gastarse 60.000 euros en un coche eléctrico», ha dicho, según ha informado el partido en nota de prensa.

Cañizares ha señalado que «establecer una zona de bajas emisiones cuando no existe contaminación no tiene ningún sentido». «Si sales a la calle y hablas con la gente, no entiende que vayas a limitar su movilidad en una ciudad que no tiene contaminación, ¿cómo vamos a ser capaces de defender algo así ante los ciudadanos?», se ha preguntado la vicealcaldesa. «Como yo no lo entiendo y voto según mis principios, no quiero aprobar esta ordenanza de bajas emisiones», ha zanjado.

Ha argumentado que, «aunque estamos dentro del equipo del Gobierno, somos distintos, no pensamos lo mismo y nos parece fundamental rechazar la ZBE, un tema fundamental que Vox está defendiendo por toda España y que en Toledo no lo vamos a dejar de defender, estemos o no estemos en el equipo de Gobierno».

Cañizares ha insistido en que, «independientemente de las cuestiones económicas, que siempre se podrán resolver, es un acto de responsabilidad respecto a aquellos ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros y que tenían claro que los íbamos a defender ante esta vulneración de derechos y de restricciones en la movilidad».

De su lado por parte del PP, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha denunciado la «actitud irresponsable por parte de los grupos políticos del Ayuntamiento y especialmente de Vox», tras votar en contra de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, según ha informado el PP en nota de prensa.

El concejal ‘popular’ ha mostrado su «profundo malestar» tras esta decisión, ya que es una normativa obligatoria impuesta por el Gobierno de España y necesaria para mantener diversas subvenciones europeas y estatales.

Jiménez ha calificado la situación de «triste» y ha lamentado «el escaso compromiso de los partidos políticos con la responsabilidad institucional y con el futuro de la ciudad». El edil ha recordado que la ordenanza responde a un mandato estatal y que el Ayuntamiento «solo es un convidado de piedra que debe cumplir la ley».

En este sentido, el concejal ha mostrado su «sorpresa» y su «decepción» por la posición final de Vox, recordando que aprobó el proyecto tanto al inicio como en su fase final en Junta de Gobierno y ahora vota en contra.

De hecho, Jiménez ha señalado que se ha estado trabajando durante los últimos dos años «de manera conjunta y con el más absoluto consenso» y, por ello, no entiende este cambio de opinión que, es posible, asegura «que atienda más a intereses políticos y de disciplina dentro de su partido que a los de los propios intereses de los toledanos, a quienes deberán dar explicaciones de por qué ahora, seguramente, tendremos que devolver algo más de 4 millones de euros».

De hecho, ha insistido el concejal de Movilidad que ahora, tras el voto negativo de VOX, IU-Podemos y PSOE, coloca a la ciudad en un escenario «difícil», ya que la ordenanza debía entrar en exposición pública durante 30 días para cumplir los plazos exigidos. «Nos enfrentamos ahora a la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que devolver 3,7 millones de euros recibidos para la instalación de la ZBE, además de perder aproximadamente 600.000 euros de subvenciones europeas destinadas al transporte público», ha advertido.

Jiménez ha señalado que los servicios jurídicos y técnicos «han quedado alucinados» con lo sucedido y que en las próximas horas iniciará reuniones formales para estudiar alternativas legales. «Haremos lo posible para no tener que devolver el dinero y veremos si es posible elaborar un texto normativo alternativo que cumpla la ley y nos permita evitar sanciones».

El concejal ha insistido en aclarar que la ordenanza elaborada por el PP «no obligaba a ningún toledano a comprarse un vehículo nuevo, ni restringe el tráfico del día a día» y ha reprochado a los grupos que han votado en contra «que estén difundiendo argumentos que no se ajustan a la realidad», recalcando que le preocupa más esa cuestión porque demuestra que no se han leído ni siquiera la ordenanza de ZBE y presentan alegaciones a la de Movilidad, «o no se enteran o no se quieren enterar, lo que pasa es que quienes pagan su incompetencia son los ciudadanos, y eso no lo podemos consentir».

También se ha referido Jiménez a la postura del Grupo Socialista y de IU-Podemos, puesto que «deberían saber mejor que nadie que esta normativa la exige su propio Gobierno central, por lo que su intención es verdaderamente la de sacar rédito político y no apoyar a la ciudad, que es lo que deberían estar haciendo».

Para Jiménez, la falta de responsabilidad de quienes han votado en contra deja a la ciudad expuesta a posibles penalizaciones económicas y a la pérdida de financiación futura, «vamos a dejar una herencia hipotecada, pero yo tengo la conciencia muy tranquila porque hemos hecho lo que debíamos hacer desde el primer día», ha concluido.