La modificación de la Ley de Farmacia en C-LM sale adelante tras rechazar 41 enmiendas de la oposición

La norma «favorece» las farmacias en el medio rural y da mayor seguridad jurídica a farmacéuticos

El Proyecto de Ley que modifica la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha ha salido adelante este jueves en las Cortes regionales, tras rechazarse 41 enmiendas de los partidos de la oposición, doce de Vox y 29 del PP.

El principal beneficio de esta ley reside, tal y como ha ensalzado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, en favorecer el establecimiento y la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural, respondiendo a las necesidades de la población que residen en zonas escasamente pobladas, o en riesgo de despoblación, sobre todo en núcleos de población de menos de 1.500 habitantes.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha defendido que esta ley «no agota las actividades que pueden desarrollar los profesionales farmacéuticos, regula con mayor seguridad jurídica su situación de jubilación activa o parcial y garantiza sus derechos y deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar».

Se mejora así «la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios en la región y se procede a adaptar la norma autonómica a la regulación estatal en cuanto a la dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que no se encontraba en la legislación» regional.

Respecto de las distancias entre oficinas de farmacia actualmente establecidas en 50 metros, podrán ser inferiores a esta cifra hasta un límite de 150 metros, un aspecto que se regula de manera similar en otras comunidades autónomas, ha explicado Fernández.

Castilla-La Mancha cuenta con un total de 1.289 oficinas de farmacia, que da servicio a unos 2,1 millones de habitantes, lo que supone una media de una oficina por cada 1.650 habitantes. La región dispone de 267 botiquines, ubicados todos ellos en núcleos de población de menos de 500 habitantes, ha descrito el titular de Sanidad.

De su lado el diputado de Vox Iván Sánchez ha criticado que este proyecto de ley «vuelve a incurrir en una deficiencia técnica legislativa».

Así, ha defendido que sus enmiendas, que no tienen «matiz político», tienen como fin «modernizar y mejorar las definiciones» de la norma, adaptando «el lenguaje legal a la realidad del paciente y del usuario».

Persigue Vox «proteger los derechos tanto del profesional como del paciente, reforzar el papel asistencial del farmacéutico, acercar la atención de proximidad y dar seguridad jurídica al sector».

Sánchez defiende «la farmacia como un servicio esencial, por encima de la dispersión administrativa, evitando las fronteras artificiales que se han creado con el sistema autonómico y la necesidad de una sanidad al servicio de los españoles».

PP y SUS 29 ENMIENDAS

Por su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha defendido algunas de sus 29 enmiendas, que recogen la atención farmacéutica en los centros penitenciarios de la región, que desarrollan la conciliación familiar de los profesionales o desarrollan la atención farmacéutica domiciliaria.

En su turno de intervención, Moreno Moya ha dicho no entender «la obcecación» del PSOE «para limitar la comunicación entre médicos y farmacéuticos» que comparten información clínica relevante de pacientes, «en especial de los crónicos».

El diputado del PP ha señalado que casi «el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia donde se realiza el control rutinario de parámetros como la glucosa, la hemoglobina o los triglicéridos» lo que permite «una detección precoz de enfermedades», un control que el Gobierno regional «se niega a que se haga en una farmacia».

A cambio se da cita «para 20 días» para realizarse una analítica y luego para recoger los resultados «tiene que esperar otras dos o tres semanas».

Tras reconocer que se «avanza un pasito» en la modificación de esta ley, ha lamentado que «se podían haber avanzado 50 pasitos», algo a lo que, según Moreno Moya, se ha negado el PSOE, a quien ha acusado de plantear «un mundo idílico», vendiendo «la mejor modificación de la ley de ordenación farmacéutica que puede haber».

En su turno de réplica, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy, encargado de la defensa del dictamen de la ley, que ha defendido como «eminentemente técnica», admitiendo que tiene sus matices políticos.

Godoy ha reprochado a Vox que tengan «prejuicios con el lenguaje inclusivo» de la misma, por diferenciar entre «farmacéuticos y farmacéuticas, en vez de solo decir farmacéuticos».

También ha reprochado a este partido su enmienda sobre la objeción de conciencia, «un problema que está resuelto desde hace veinte años».

El parlamentario del PSOE ha defendido ser «absolutamente transparente en esta ley» con el PP, al que le ha reprochado de defender que tiene «voluntad negociadora». «Obviamente, no le voy a dejar», ha advertido Godoy, que ha expresado que el PP ha perdido «una oportunidad de oro».