La Ley de Vivienda de C-LM irá a comisión este miércoles con 121 enmiendas parciales a debate

TOLEDO 13 Oct. –

Las Cortes de Castilla-La Mancha, en su pertinente Comisión de Fomento, debatirá un total de 121 enmiendas a la Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, vivienda y simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, este miércoles, 14 de octubre.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que el PSOE llevará 13 a debate, el PP 58 y 50 pertenecen al Grupo Parlamentario Vox.

Tal y como se recogen en las enmiendas recogidas en el Boletín Oficial de las Cortes regionales, Vox propone que en el Registro de Demandantes de Vivienda, para la aplicación de los criterios de baremación, se abogue por «el arraigo real y prolongado con Castilla-La Mancha y con España, basado en el empadronamiento histórico, exigiéndose un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para el acceso a viviendas en régimen de alquiler y de diez años para el acceso a viviendas en régimen de compra».

Además, aboga por aprobar periódicamente un plan de inspección y control del Patrimonio Público Residencial y del parque público de vivienda social o que la Junta garantice la información, asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios de viviendas afectados por situaciones de ocupación ilegal.

LAS PROPUESTAS DEL PP

De su lado el PP, que ya adelantó que sus propuestas irían se centraría en la normativa de suelo y en materia fiscal, defiende que la adjudicación temporal de las viviendas integrantes del parque público se realizará mediante convocatoria pública entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida que reúnan los requisitos exigibles, con arreglo a criterios objetivos previamente publicados.

La valoración tendrá en cuenta, al menos, los ingresos y la composición de la unidad de convivencia, la necesidad acreditada de vivienda y la adecuación de la vivienda disponible a sus circunstancias. Solo podrán efectuarse adjudicaciones excepcionales fuera del procedimiento ordinario por razones de urgencia social acreditadas mediante informe motivado de los servicios sociales competentes, en los supuestos y con las garantías que se establezcan reglamentariamente.

En otra de sus enmiendas, el PP dice que en las parcelas aptas para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública situadas en suelo urbano o en suelo urbanizable, la edificabilidad máxima prevista por el planeamiento urbanístico podrá incrementarse hasta en un 20% y la densidad residencial hasta en un 30%, siempre que el incremento resultante se destine íntegramente a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Estos límites podrán elevarse, respectivamente, hasta el 25% y el35 % cuando exista informe municipal previo, favorable, motivado y vinculante sobre los incrementos adicionales solicitados, emitido tras valorar la capacidad de las infraestructuras, servicios y dotaciones y las afecciones ambientales, patrimoniales y a derechos de terceros, incluidos los efectos producidos fuera de la parcela o del ámbito de un Plan de Rehabilitación Urbana.

El incremento de densidad que exceda del límite máximo de viviendas establecido por el planeamiento para el ámbito solo podrá autorizarse cuando el Ayuntamiento acredite la suficiencia de las infraestructuras, servicios y dotaciones o determine las actuaciones necesarias para garantizarla.

EL PSOE Y ENTIDADES PRIVADAS

Las del PSOE recogen que si hay un incremento de edificabilidad o densidad, respecto a las parcelas aptas para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública situadas en suelo urbano o en suelo urbanizable, si fuera necesario ampliar las infraestructuras y dotaciones públicas exteriores a la parcela, la responsabilidad y los costes de la ejecución de éstas correrán a cargo del promotor de la actuación.

Además, proponen que las entidades de derecho privado integrantes del sector público regional que, de acuerdo con su objeto y régimen jurídico, dispongan de medios personales, técnicos y materiales adecuados puedan prestar asistencia técnica en materia urbanística y de planificación territorial tanto a las administraciones públicas como a las personas físicas o jurídicas privadas interesadas en actuaciones referentes a dichas materias.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones y alcance de la prestación de estos servicios, su régimen económico y de responsabilidad, así como las medidas organizativas y funcionales necesarias para garantizar la competencia técnica, autonomía, objetividad, imparcialidad e independencia de criterio y para prevenir situaciones de conflicto de intereses.