La inspección educativa en C-LM se refuerza con nuevas figuras de coordinación y promoviendo el trabajo en equipo

TOLEDO 7 Sep. –

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes el decreto por el que se regula la inspección de educación en Castilla-La Mancha, gracias al cual se crean nuevas figuras de coordinación y se promueve el trabajo en equipo, garantizando una actuación más eficaz y coherente con las demandas actuales del sistema educativo, que entrará en vigor este martes, día 8.

Según el texto, recogido por Europa Press, las modificaciones normativas producidas desde la entrada en vigor del anterior decreto que establecía la ordenación de la Inspección Educativa de Castilla-La Mancha aconsejaban regular de manera integral la Inspección de educación en la región mediante la aprobación de un decreto que incorporase estas modificaciones y derogase el anterior.

Esta actualización normativa, según explica el Gobierno regional, no solo responde a una exigencia legal, sino que constituye una oportunidad para incorporar cambios orientados a afrontar los nuevos desafíos educativos, reforzar la profesionalización de la Inspección, delimitar con claridad sus ámbitos de intervención y consolidar su autonomía técnica.

El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cumpliendo con los criterios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, eficiencia y transparencia. Se trata de una norma necesaria para la ordenación de la inspección en su conjunto y adecuarla a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y por el Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, pues el rango de la norma debe revestir al menos la forma de decreto del consejo de gobierno, según dispone el artículo 163 de la ley 7/2010, de 20 de julio.

Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios, a través de la consulta a los representantes del profesorado no universitario.

El texto detalla la estructura normativa de la Inspección de Educación, dividida en cuatro capítulos que regulan sucesivamente sus fines y funciones, su organización interna, sus planes de actuación y formación, y sus procesos de evaluación y planes de mejora. En la tramitación de este decreto, han intervenido la Mesa Sectorial de Educación y el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha mediante la emisión del preceptivo dictamen.