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Publicado 20 Oct 2025 17:41
MADRID/TOLEDO 20 Oct. –
Castilla-La Mancha cerró 2024 en el tramo de las comunidades autónomicas con una deuda pública per cápita comprendida entre los 6.000 y 8.000 euros.
Así se desprende del Informe de las Comunidades Autónomas de 2024, una investigación anual sobre el estado de las regiones elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, dirigido por los académicos Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig y coordinado por Juan Carlos Covilla Martínez, en el que se especifica que la Comunidad Valenciana y Cataluña son las únicas autonomías que se sitúan por encima de los 10.000 euros.
La Comunidad Valenciana y Cataluña terminaron el año 2024 con las cifras más altas de deuda pública per cápita en España, con casi 12.000 euros por habitante, mientras que Canarias se situó en los niveles más bajos, con 3.000, seguida de Navarra y Asturias, con 4.000 euros cada una.
Según el documento, la Región de Murcia se sitúa por encima de los 8.000 euros por habitante, seguida de Castilla-La Mancha, Aragón y las Islas Baleares, con valores situados entre los 6.000 y los 8.000 euros.
Por debajo figuran Castilla y León, con casi 6.000 euros, mientras que el siguiente peldaño lo ocupan Cantabria, la Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, el País Vasco, Andalucía y Galicia, con entre 4.000 y 5.000 euros de deuda per cápita.
Atendiendo a la deuda pública bruta total por comunidades tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB), Valencia es la región con el mayor nivel de deuda, con un 40,7%. Por detrás se encuentra la Región de Murcia, con un 31,5%, Cataluña, con un 29,7% y Castilla-La Mancha, que llega al 29%.
En el otro extremo, el nivel de endeudamiento de Navarra, Canarias, País Vasco, Comunidad de Madrid, Asturias, La Rioja y Galicia se ubicó por debajo del 15%.
El informe también se detiene en el porcentaje de deuda de las autonomías con el Estado, un indicador que encabeza Cantabria, con un 93,3%, y la Región de Murcia, con un 93,1%, mientras que en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha la cifra alcanza el 88,1%. Por detrás les suceden Cataluña, con un 87,5%; Extremadura, con un 78,9%; Aragón, con un 74,4% y Baleares, con un 71,2%.
Por contra, las regiones con un mayor grado de dependencia son Asturias, Canarias, Castilla y León y Galicia, con valores comprendidos entre el 11 y el 20%, teniendo en cuenta que el País Vasco y Navarra no mantienen deuda con el Gobierno central al no participar en los mecanismos extraordinarios de financiación, como tampoco Madrid, que liquidó esas deudas en 2019.
Con todo, la deuda de las autonomías con el Estado ascendió en 2024 al 62,8%, un 1,9% más que en 2023, y un 44,7% más que en 2012, cuando era del 18,1%, una situación que deja a los ejecutivos autonómicos en una situación de «riesgo de dependencia» con el Gobierno central, en buena parte debido a los mecanismos adicionales de financiación que el Estado puso a disposición de las regiones tras la crisis económica de 2008, como el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica, según el texto.
Otro de los asuntos que aborda el documento es la deuda viva del conjunto de las administraciones públicas, que alcanzó los 1.620.569 millones de euros en 2024, un 2,87% más que en 2023, de los que 1.489.311 corresponden a la Administración central, 335.947 millones a las comunidades autónomas, 22.846 a las corporaciones locales y 126.173 a la Seguridad Social.
Todas las administraciones públicas, a excepción de los ayuntamientos, donde el indicador bajó un 2%, presentaron un crecimiento: en la Seguridad Social fue del 8,6%, seguida de la Administración General del Estado, con un 3,7%, y las autonomías, que incrementaron en un 3,3%.
Atendiendo a la incidencia sobre el PIB, se produjo una caída total del 3,3%, con disminuciones del 2,2% en la Administración central, del 0,6% para las comunidades autónomas, del 0,2 % en el caso de las entidades locales y creciendo en un 0,1 % en la Seguridad Social.
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