La CHT interpone en cinco años 38 sanciones vinculadas con conservación de cauces y tala de árboles

GUADALAJARA 14 Abr. –

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha interpuesto en los últimos cinco años (2020-2025) un total de 38 expedientes sancionadores, ocho de ellos a ayuntamientos, en relación con la conservación de cauces y otras actuaciones de sobre el dominio público hidráulico como la tala de árboles o extracción de áridos.

El dato lo daba este lunes el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, durante la firma de un convenio con la Diputación, a preguntas de los periodistas ante las quejas de pequeños pueblos, en este caso de Guadalajara, por las sanciones que reciben por parte de este organismo y con las que no están de acuerdo.

Según los datos aportados por Yáñez, desde el 2020 hasta hoy, han sido siete las sanciones puestas en relación con actuaciones y conservación de cauces en la provincia, de ellas, cuatro a ayuntamientos. Lo que ampliado a otras acciones sobre el dominio público eleva la cifra a 38 expedientes sancionadores.

No obstante, frente a las críticas vertidas por algunos de estos pequeños municipios contra la CHT a la que acusan de afán recaudatorio, su presidente ha señalado que el porcentaje que representó la recaudación por sanciones dentro del presupuesto de ingresos de este organismo fue del 4,8%, siendo su mayoría por captaciones ilegales. «Si tuviéramos que vivir de las sanciones que ponemos, no cobrábamos a final de mes», ha subrayado.

Otro dato aportado por Yáñez durante su visita a Guadalajara ha sido el de solicitudes de autorización para actuar en cauces en los últimos cinco años, que ha cifrado en casi en un centenar en el 2024, de ellas, 73 otorgadas y 25 denegadas, frente a las 58 dadas en el 2020 y solo una denegada.

En todo caso, el presidente de este organismo ha vinculado este incremento a la aparición de la figura de la declaración responsable, una figura sobre cuyo uso –según ha dicho– aún no hay mucha experiencia, lo que a su juicio ha derivado en «muchos problemas de mala cumplimentación».

En todo caso, las autorizaciones otorgadas suponen «un porcentaje abrumadoramente a favor», ha remarcado. También ha aprovechado para asegurar que él recibe a todos los alcaldes que le piden una reunión, sean de municipios con pocos habitantes o grandes. «El que diga lo contrario, falta a la realidad», ha subrayado.

La depuración es un problema que afecta a muchos pueblos y que genera quejas y denuncias. De ahí que desde la CHT también su presidente haya querido aclarar que se trata de una competencia local y que de lo que se encarga este organismo es de la vigilancia y control de los cauces.

«La CHT no es la responsable ni de hacer depuradoras ni de gestionar el saneamiento de esos términos, pero si tenemos competencia vigilancia y control y tenemos una responsabilidad. Cuando hay una denuncia por un vertido, a los funcionarios de la CHT les toca ir a ver», ha abundado.

Reconoce que se trata de una situación que hay que abordar, algo que espera se pueda contemplar en la próxima directiva de aguas residuales, cuya trasposición está en estudio y para la que hay un plazo de dos años. Yáñez espera que esta de una solución a los pequeños municipios, reconociendo que muchas veces carecen de medios técnicos y económicos para hacer frente a lo que indica esta normativa.

En este sentido, ha recordado que ya el pasado año se anuló una sanción impuesta a un ayuntamiento de la región en relación con el vertido de aguas residuales.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha pedido que no se haga demagogia con estas cuestiones y ha recordado que hay leyes que hay que cumplir aun reconociendo que los ayuntamientos más pequeños realmente no puedan hacerlo, en referencia no solo a la de competencias sino a la de contratos del sector público o la de subvenciones.

Vega es alcalde del municipio de Mondéjar y conoce la realidad de muchos de estos pueblos, de ahí que haya declarado que «los alcaldes y alcaldesas de los municipios más pequeños están firmando en barbecho, saltándose muchas leyes, porque es imposible cumplirlas pues no tenemos capacidad económica para llevarlas a cabo».

Y en este sentido ha asegurado que ni la Diputación, donde es presidente, ni el Gobierno regional tienen tampoco para hacer cumplir esas leyes, exigiendo que cuando se transfieran competencias, se haga con financiación. Ha exigido la redacción del estatuto del pequeño municipio donde «se dejen bien claras las competencias que pueden asumir», teniendo claro que sin recursos económicos no se pueden cumplir.

«Los ayuntamientos no pueden hacerse cargo de las sanciones que se les imponen; se hacen recursos y requerimientos, pero es complicado cuando el ámbito competencial es municipal», ha subrayado tras realizar un llamamiento a quien redacta las leyes para que «tengan en cuenta que no es igual el Ayuntamiento del Ordiál que el de Madrid capital. Eso no puede ser así», concluía.