Justicia recuerda que el 1 de enero entra en funcionamiento la última fase de la ley de Eficiencia

MADRID/TOLEDO 30 Dic. –

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recordado que el 1 de enero entrará en funcionamiento la última fase de la ley de Eficiencia, cuando los antiguos juzgados unipersonales se convertirán en 431 tribunales de instancia «con el objetivo de ofrecer un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía».

A través de una nota de prensa, el departamento liderado por Félix Bolaños ha asegurado que la reforma ha sido progresiva y que «más de 300 tribunales de instancia ya funcionan desde julio sin incidencias destacables».

«Ahora se activan los últimos 100 en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid. Solo las oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero para que puedan completar los últimos ajustes técnicos», ha apuntado.

En este contexto, el Ministerio ha explicado que «la ley introduce una reorganización que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX» y que, «hasta ahora, cada juzgado contaba con un único juez y su equipo técnico».

«Los tribunales de instancia, en cambio, son órganos colegiados formados por todos los jueces del partido judicial, organizados en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.), y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Esta estructura permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo y aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella», ha destacado.

Según Justicia, otro «avance relevante es la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, que permiten a los ciudadanos realizar múltiples trámites judiciales sin tener que desplazarse al municipio donde se ubican los tribunales de instancia». «Desde julio hasta diciembre, estas oficinas han gestionado más de 114.000 trámites», ha añadido.

El Ministerio ha afirmado que, «para implementar el nuevo modelo», se han invertido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia, con un ahorro estimado de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años.

«La puesta en marcha del modelo ha contado con coordinación y planificación conjunta, el grupo técnico del Ministerio y las comunidades autónomas han realizado 27 reuniones de seguimiento y siete comisiones sectoriales durante el año», ha señalado.

Además, ha incidido, «se ha desarrollado un amplio plan de formación sobre la nueva norma, con más de 280 sesiones informativas, 305 cursos de digitalización con más de 15.000 participantes y una jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes».

En esta línea, Justicia ha sostenido que «los tribunales que entraron en funcionamiento en julio agilizan los procedimientos y así lo demuestran los datos», habiéndose reducido los actos de comunicación pendientes «un 36% de media en siete comunidades, con un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunidad Valenciana».

«La ejecución de sentencias se ha agilizado un 30% de media, alcanzando un 69% en Andalucía, un 55% en Castilla-La Mancha y un 27% en Cataluña y la Comunidad Valenciana», ha explicado.

Por último, el Ministerio ha indicado que la ley «también fomenta la reducción de litigios al exigir recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial». «Así, en el tercer trimestre del año, los nuevos litigios civiles descendieron un 30,9% en toda España», ha apostillado.