
Castilla-La Mancha fija las prioridades de la región para la futura PAC 2028-2034 junto a las organizaciones agrarias.
Publicado 27 Aug 2026 16:17
TOLEDO 27 Ago. –
El viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha para analizar y consensuar la posición conjunta para el futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027 que será trasladada al Ministerio durante la primera semana de septiembre.
Durante el encuentro, celebrado en un clima de diálogo constructivo y consenso, las entidades participantes y el Gobierno regional han compartido sus impresiones con el objetivo de defender «una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero, que mantenga el apoyo a la renta de agricultores y ganaderos y que responda a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario», tal y como ha explicado Martín Aparicio.
Según informa el Ejecutivo, esta reunión da continuidad a la mantenida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, con las organizaciones representativas del sector el pasado mes de abril. Previamente a este encuentro, el trabajo con las OPAs y Cooperativas Agroalimentarias se había iniciado más de un año antes, materializándose en un documento conjunto entregado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en febrero de 2025 en Madrid.
En abril de ese mismo año, el presidente de Castilla-La Mancha se lo volvió a entregar en una reunión en Bruselas. Y, ya en octubre, se dio otro documento al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que, como representante de España en la Comisión Europea, trasladara la posición de Castilla-La Mancha.
PROPUESTAS DE CONSENSO
El viceconsejero ha destacado, entre los principales puntos de acuerdo alcanzados, «la necesidad de reforzar la figura del agricultor activo, con el fin de asegurar que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes ejercen de manera efectiva la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos».
Los participantes han coincidido en que este criterio debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la futura PAC, «para garantizar una distribución más justa y eficaz de los fondos comunitarios».
Asimismo, se ha defendido que las principales intervenciones de apoyo a la renta se financien íntegramente a través del futuro fondo único comunitario, «garantizando recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones agrarias», ha indicado Martín Aparicio. En este contexto, también se ha abordado la configuración de la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, intercambiándose distintas propuestas para lograr una aplicación equilibrada y adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.
Otro de los asuntos analizados han sido los cultivos de las nuevas ayudas asociadas que la región trasladará al Ministerio para su posible incorporación en el próximo periodo de programación. Las organizaciones agrarias y Cooperativas han coincidido con la Consejería en la importancia de contar con herramientas de apoyo específicas para aquellos sectores estratégicos que presentan mayores necesidades de respaldo desde el punto de vista económico, social o territorial.
Por último, todas las partes han coincidido en situar el relevo generacional entre las principales prioridades de la futura PAC, apostando por un presupuesto específico y suficientemente dotado para las medidas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos incluidas en el denominado ‘paquete de bienvenida’.
En este sentido, se ha recordado la posición defendida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el 172 Pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde propuso que la Política Agraria Común destine el 10 por ciento de sus fondos a políticas de incorporación de jóvenes al campo, acompañadas de medidas como ayudas a la implantación de producciones, acceso a la maquinaria y otros instrumentos de apoyo que faciliten el acceso a la actividad agraria. Un planteamiento que persigue garantizar la sostenibilidad del sector, la soberanía alimentaria europea y el futuro del medio rural.
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