Junta pide coherencia a colectivos contra macrogranjas y les pregunta si representan al grueso de ganaderos de CLM

TOLEDO, 13

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha pedido «cierta coherencia» a los colectivos en contra de la finalización de la moratoria de macrogranjas en la región y del decreto de purines, y les ha preguntado «cuántos de ellos» representan a las personas «que realmente viven todos los días en el entorno rural».

En el transcurso de la reunión con el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, a preguntas de los medios, Mercedes Gómez ha reaccionado de este modo tras las críticas de colectivos vecinales y de Verdes Equo contra la posible reactivación de concesión de las licencias para ampliar el número de macrogranjas y de la instalación de plantas de biometano.

«¿Realmente qué molestias son las que producen a los agricultores y ganaderos que viven en el medio rural, que están los 365 días del año y que necesitan, lógicamente, tener su trabajo y seguir viviendo en su entorno rural?, ha abundado la titular del ramo.

Respecto a las solicitudes de explotaciones porcinas tras levantar esta moratoria, Gómez ha señalado que de momento no se ha notado una activación, manteniendo «una dinámica muy similar» a la que existía antes de la moratoria.

Con 61 explotaciones paralizadas por la moratoria, a estas se les está preguntando si siguen estando interesados o no en que su proyecto siga adelante. «Veremos si cumplen todos los requisitos y veremos si, en el caso de que cumplan, se pondrán en marcha o se autorizarán o no».

Estas explotaciones tienen en vigor una suspensión del proceso, y ahora el Gobierno regional tiene que notificarles el levantamiento de la suspensión. Se trata de un procedimiento que está arreglado en la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que la Junta, «de oficio», no puede iniciar ningún trámite si está suspendido.

GOBIERNO NO SERÁ OBSTÁCULO

Con la regulación y la normativa actual, señala Gómez, «los ganaderos y los agricultores hacen lo que tienen que hacer y de la forma más eficiente posible», y «en ningún caso y en ningún momento», si cumplen todos los requisitos, el Gobierno regional les va a impedir el desarrollo de la ganadería y del sector cárnico en Castilla-La Mancha.

El sector porcino en Castilla-La Mancha representa el 18% del PIB regional y «genera muchísimos puestos de trabajo, no solo en la ganadería, sino también en el sector de la industria alimentaria que corresponde», por lo que el Gobierno regional sigue aspirando «a contar con las mejores cabañas ganaderas».

Se ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental para que un ayuntamiento pueda definir qué tipo de proyecto es el que quiere y cómo lo quiere, «sea de porcino o del tipo que sea».

Por otro lado, se ha establecido una regulación, mediante el decreto de gestión de purines, «para evitar los posibles malos olores por el uso del purín», como un elemento de abono orgánico que, además, «es necesario para un suelo deficiente como es el de Castilla-La Mancha».

«Ahora mismo la norma más restrictiva que existe en toda España es la de Castilla-La Mancha en ese ámbito, una norma consensuada con el sector agrícola, ganadero y con el sector industrial para garantizar el que podamos seguir desarrollando nuestras explotaciones», ha remarcado.