Junta defiende las cuentas 2016-2020 como fruto de su gestión «rigurosa y responsable» frente a críticas PP-Vox

TOLEDO, 6

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido este jueves las cuentas generales de la Comunidad Autónoma comprendidas entre los ejercicios 2016 y 2020, un periodo en el que se gestionaron hasta 43.000 millones de euros, como fruto de una administración de los recursos «rigurosa seria y responsable». En contraste, los grupos parlamentarios de PP y Vox han criticado unas cuentas que, a su juicio, han marcado una gestión «opaca y desastrosa».

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del debate y votación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre las cuentas generales comprendidas entre 2016 y 2020 –todos ellos aprobados con el voto a favor de los socialistas y en contra de Vox y PP– Ruiz Molina ha recordado que en ese periodo se realizó una gestión «rigurosa» y sin los «recortes» que previamente aplicara la administración Cospedal, y todo ello «contribuyendo al desarrollo económico, sin subir la presión fiscal, disminuyendo el déficit y la deuda pública, y consiguiendo unos plazos récord de pago a proveedores».

También ha reconocido el «gran esfuerzo» de los empleados públicos de la administración regional, ya que también han contribuido a hacer cumplir el mandato del presidente Emiliano García-Paje de atender las necesidades de la ciudadanía y «no dejar a nadie atrás», pese a los duros movimientos sufridos por la pandemia.

Ruiz Molina ha recalcado que, según consta en los informes del Tribunal de Cuentas, organismo que auditó la documentación, se produjo una rendición de cuentas en tiempo y forma, cumpliendo los principios contables, con la máxima transparencia, y con los procedimientos y gestión presupuestaria acordes con los principios y normas contables.

En este sentido ha destacado el «enorme esfuerzo» por contener el déficit tras los recortes de la administración Cospedal, y el hecho de que Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad autónoma que más ha reducido la deuda en relación con su Producto Interior Bruto. Asimismo, ha puesto el acento en el alto grado de ejecución presupuestaria reconocido por el órgano fiscalizador, que alcanzó el 93%, y todo ello, a su juicio, «solventando las tensiones de tesorería con remanentes negativos elevados» tras el Gobierno de Cospedal.

En los mismos términos se ha pronunciado el ponente designado para la defensa del dictamen de la Comisión de Economía, el socialista Fernando Mora, quien ha destacado que el Tribunal de Cuentas ha concluido que la gestión fue realizada con «corrección y sin infracciones», en buena medida gracias al «gran trabajo» de la Intervención General y del cuerpo de interventores de Castilla-La Mancha, «que tuvieron que hacer frente a miles de documentos y cientos de licitaciones».

No lo han visto así los grupos de oposición de Vox y del Partido Popular. Por parte de Vox, el diputado Francisco José Cobo ha criticado la «opacidad» en una rendición de cuentas que cae en el «anacronismo y la falta de funcionalidad», toda vez, ha defendido, que se están debatiendo ahora cuentas elaboradas en el ejercicio 2016, al tiempo que ha arremetido contra lo que considera una administración precaria, con incumplimientos de la regla de gasto, aumento de la deuda pública, abusos en las modificaciones de crédito y fondos de contingencia, o aumento de la deuda financiera.

El dictamen de las cuentas tampoco cuenta con el visto bueno del PP. El diputado Santiago Serrano ha lamentado la «falta de respeto» que supone someter a un debate de «cinco minutos» hasta cinco cuentas generales «de golpe», y ha destacado, en todo caso, que estas cuentas resumen una manera de gestionar marcada por el «déficit y la deuda», al tiempo que evidencian la «desastrosa» gestión de entidades como la Fundación Impulsa o Geacam. En este contexto, ha cuantificado en 144 los expedientes de infracciones registrados por un importe de 53 millones de euros y en 2.675 los expediente de modificación de crédito por valor de 3.500 millones de euros.

De su lado, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Mora, ha defendido que el Gobierno regional en todo momento cumplió los plazos de presentación de las cuentas, y que los tiempos han venido marcados por los plazos con los que trabaja un Tribunal de Cuentas «saturado». En todo caso ha concluido señalando que con el dictamen del periodo 2016-2020 acaba una etapa y se abre otra nueva, de la mano tras la creación de la nueva Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que se presentará como una administración «más ágil, cercana, versátil y transparente».