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Publicado 8 Jul 2025 13:47
El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, que ha registrado un total de 17 alegaciones al texto de la ordenanza que regula la actividad turística y la convivencia ciudadana, aboga por reducir a 20 el número de personas que conforman los grupos y por que Ayuntamiento, Universidad de Castilla-La Mancha y o la Real Academia de Bellas Artes revisen el relato que los ‘free tours’ ofrecen a los visitantes.
Tras asegurar que dicha normativa es «tardía, incompleta e inconcreta» y «de entrada, no se va a solucionar lo que se quería solucionar», IU ve necesario «que exista una real convivencia entre el visitante y el vecino».
Por ello, indica en nota de prensa, una de sus primeras alegaciones es que los grupos de turistas no excedan de 20 personas en toda la ciudad. Y es que, según la ordenanza pueden transitar grupos de hasta 50 personas y hasta 30 solo en algunos casos como el acceso a la calle Hombre de Palo.
«Esto es irracional», ha calificado Txema Fernández, puesto que si de la calle Comercio vienen grupos de 50 pone en duda su reducción a 30 ya que no se fija ningún sistema de control. «No entendemos que vaya a haber ningún policía en el acceso a la calle Hombre de Palo para que ese eje esté controlado», ironizaba.
En este sentido, IU también propone en sus alegaciones que se incluyan en el listado de calles con limitaciones la plaza de Zocodover, calle Sillería, Alfileritos, plaza de San Vicente, Alfonso X, plaza Juan de Mariana y calle Alfonso XII.
Además, desde Izquierda Unida se apunta la necesidad de que se regule para que los grupos no colapsen las infraestructuras públicas como los remontes mecánicos de Safont y Recaredo y que la ordenanza concrete lo que está prohibido y lo que no.
En cuanto a los conocidos como ‘free tours’, desde IU se propone que se prohíba la ocupación de espacios públicos para sus transacciones comerciales y se revise el relato que transmiten a los turistas de modo que esté contrastado por el Ayuntamiento, por la Universidad de Castilla-La Mancha y que sea incluso la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo la que supervise qué se cuenta en la ciudad, «porque es fácil encontrarse relatos peculiares en algunos puntos de la ciudad de Toledo contados a estos turistas».
Por otro lado, para Txema Fernández es necesario prohibir el uso de los megáfonos en cualquier momento del día y en cualquier espacio público y también incluye en sus alegaciones la necesidad de que se concrete qué se considera hora punta.
«Nosotros concretamos esa ordenanza y precisamente decimos que esa hora punta sea la hora de carga y descarga, porque es una hora en la que los grupos no pueden compaginarse con el trabajo que tienen que hacer, fundamentalmente en el Casco Histórico, las empresas que luego tienen que suministrar los recursos a estos visitantes».
En el capítulo del régimen sancionador, Izquierda Unida ha propuesto que se reconduzca el texto relacionado con quiénes pueden denunciar para evitar que «todos nos convirtamos en policías» y apela a la autoridad de la Policía Local y señala que las sanciones por faltas leves sean de 750 euros -en las que se incluye el uso de megáfonos- y no de 0 a 750 euros.
También ha echado en falta el portavoz municipal de IU algún artículo relacionado con el turismo inclusivo y propone introducir en la ordenanza esta filosofía de turismo con «apoyos técnicos que hoy son fáciles de instalar como códigos QR o paneles en braille que ayuden a personas que lleguen con discapacidad a la ciudad de Toledo a disfrutar también del entorno».
Por último, y en relación al Consejo Local de Turismo que vendrá a sustituir al Patronato de Turismo, las alegaciones de Izquierda Unida dan mayor protagonismo a la participación vecinal incrementando la representación de asociaciones del Casco y reduciendo el número de vocalías para representantes de las empresas relacionadas con el turismo.
«El peso de la decisión que tome el Consejo Local de Turismo no lo pueden llevar solo las empresas sino que ha de ser colegiado con el resto» y por ello propone Izquierda Unida pasar de 15 representantes de las empresas a ocho.
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