Intentarán juzgar por segunda vez a un refugiado afgano acusado de violar a una compatriota en Ciudad Real

CIUDAD REAL, 17

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real intentará juzgar por segunda vez el próximo jueves, día 23 de enero, a G.M.S., un refugiado afgano que reside en Ciudad Real, acusado de agredir sexualmente a otra compatriota, que se encontraba también bajo el Sistema de Acogida de Protección Internacional de una ONG, y a la que dejó embarazada.

El juicio, que debería de haberse celebrado el pasado 14 de enero, fue suspendido al no presentarse a la vista el acusado y decretándose, posteriormente, una orden de detención hacia esta persona.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, ambos se conocieron en Ciudad Real a través del Programa de Acogida de Protección Internacional que coordina una ONG, estableciéndose una relación de amistad y ayudando el acusado a la víctima a «integrarse» en España con mayor facilidad, dado que éste llevaba más tiempo en el país.

A mediados de septiembre del 2022, el acusado pidió a la víctima que acudiera a su domicilio para entregarle la aguja e hilo que la mujer le había solicitado para poder confeccionar su propia ropa.

Estando ya en el domicilio, el acusado invitó a la mujer a consumir bebidas alcohólicas, accediendo ella a beber una copa, la cual no terminó. Posteriormente, el hombre obligó a la víctima a ir a su habitación contra la voluntad de ella.

Una vez en la habitación, según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado desnudó a la chica «rompiéndole la camisa» y bajándole el pantalón y la ropa interior. Después «la tiró sobre la cama» y la violó, llegando el acusado a eyacular en su interior.

A consecuencia de estos hechos, la mujer quedó embarazada, aunque decidió interrumpirlo.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de prisión de seis años por un delito de agresión sexual, además de ordenar la expulsión del territorio para G.M.S. una vez que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena y con la prohibición de regresar a España en un plazo de diez años.

Además, solicita una indemnización para la víctima de 25.000 euros por los daños morales causados.