Hacienda llevará al CPFF de mañana su plan para perdonar más de 80.000 millones de deuda, con las CCAA del PP en contra

Montero podría aprobar esta propuesta con el apoyo de Cataluña, aunque luego tendrá que conseguir la mayoría absoluta del Congreso

MADRID/TOLEDO, 25

El Gobierno central y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda planteará su propuesta para condonar 83.252 millones de la deuda, aunque los Ejecutivos regionales del PP han avanzado ya su rechazo al plan del Gobierno para que el Estado asuma una parte del déficit autonómico.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado esta semana su propuesta para condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, en la que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la propuesta del Gobierno confirmando que sus ‘barones’ votarán en contra de la condonación de la deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles.

Sin embargo, el Gobierno necesitará el voto de una sola comunidad autónoma para aprobar en el CPFF su propuesta pese al rechazo de las regiones del PP, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. Este apoyo podría venir incluso de Cataluña o de otra región que esté de acuerdo con la quita de deuda.

LUEGO SE CONVERTIRÁ EN UNA LEY ORGÁNICA

Eso sí, el planteamiento de condonación de la deuda se tendrá que materializar posteriormente a través de una ley orgánica, que se someterá a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación. La ley orgánica supone que el Gobierno necesita la mayoría absoluta de las Cortes.

María Jesús Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica.

«Ojalá, y si todo va en una tramitación acelerada, antes del final de año podamos tener aprobada la ley. Nosotros vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible», ha asegurado la titular de Hacienda.

Asimismo, Montero ha precisado que la condonación de la deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna «condicionalidad», por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.

TRES FASES

Según ha explicado Montero, la metodología propuesta consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades durante el cierre de 2009 y el cierre de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el cierre de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total que está vigente al cierre de 2023.

En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», ha aclarado Montero.

Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para dar «mayor equidad»: «En primer lugar, identificamos a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».

A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas comunidades autónomas que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.

El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a comunidades que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las comunidades autónomas que hayan ejercido esta competencia normativa por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo de la media.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS MÁS BENEFICIADAS

En base a esta metodología, el Ministerio de Hacienda ha detallado la propuesta de condonación total a todas las comunidades autónomas, aunque ha recordado que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.

En cualquier caso, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

EL DEBATE DE LA FINANCIACIÓN

Más allá de la condonación de la deuda, los gobiernos autonómicos han presionado para incluir el debate de la reforma del sistema de financiación autonómica, con la intención de que Hacienda reactive el cambio del modelo y reúna al comité de expertos para hacer una propuesta con la que empezar a trabajar.

La convocatoria de este Consejo de Política Fiscal y Financiera ha vuelto a abrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, algo que han aprovechado los Gobiernos regionales para intentar reivindicar sus propuestas de los criterios que más deben pesar en el futuro modelo.

En este contexto, las comunidades del PP parten con un documento común que expresa su rechazo explícito a la financiación singular para Cataluña que acordaron PSC y ERC, aunque en este texto no se hace ninguna propuesta concreta pero sí que exigen abordar este asunto de manera multilateral.

Por ello, el Gobierno intentará poner en evidencia la disparidad de criterios que defienden los distintos Ejecutivos autonómicos, argumentando que Galicia intentará ponderar más la despoblación, mientras que regiones como Madrid o Baleares quieren que tenga más poder el PIB.

Asimismo, la mayoría de las comunidades autónomas buscarán forzar al Gobierno a incluir el adelanto de las entregas a cuenta en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue rechazado en el primer decreto ómnibus en el Congreso y luego el Gobierno no lo incluyó en el segundo que finalmente se aprobó.