Hacienda cita este lunes a las comunidades para fijar la senda de estabilidad, el primer paso de los Presupuestos

El Consejo de Ministros aprobará el martes el ‘techo de gasto’ y los objetivos de estabilidad

El Gobierno ha convocado para este lunes, 17 de noviembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.

Así, tras la celebración el lunes a las 12.00 horas de la reunión con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros aprobará el martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales, según ha confirmado la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra ha defendido que la senda de estabilidad «es el primer paso» para la elaboración de los Presupuestos por cuanto «permite saber la capacidad económica con que van a contar las diferentes administraciones».

De aprobarse la senda de estabilidad 2026-2028 por parte del Parlamento –ya que el ‘techo de gasto’ no se somete a votación en las Cortes Generales–, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes.

El año pasado el Gobierno llegó a presentar los objetivos relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña. Además, las Cortes Generales tumbaron la senda para los Presupuestos de 2025, lo que impidió sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

Ahora, el Gobierno debe hacer frente al complicado contexto parlamentario tras la ruptura anunciada por Junts, que ha amenazado con bloquear todas las iniciativas del Gobierno e impedir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, ya desde Junts han advertido al Gobierno de que si plantean recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado –que ya votaron en contra–, volverán a rechazarlos.

«Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica», señaló recientemente la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmando que debe haber un mayor reparto entre las instituciones como las comunidades autónomas.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado recientemente que «con nuevos Presupuestos o sin nuevos Presupuestos» seguirá avanzando y continuará con su «hoja de ruta» hasta agotar la legislatura en el año 2027.

De cara a fijar los objetivos de referencia para las comunidades autónomas, que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que las administraciones regionales no necesitan más margen respecto a la tasa de déficit que planteó Hacienda el año pasado y que finalmente no se aprobó (0,1% para 2026 y 2027).

«Con nuestras previsiones –que apuntan a un equilibrio presupuestario en 2026– y con la regla de gasto nacional, no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor de déficit», apuntó recientemente la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, quien participará también en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes –sin derecho a voto–.

Por su parte, los objetivos fijados para la Administración Central se situaban en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027, mientras que para los ayuntamientos y corporaciones locales se situaban en 2025 y 2026 en equilibrio presupuestario (0%).

De acuerdo con el orden del día de la reunión del Consejo de Política Fiscal, remitida por Hacienda a las comunidades autónomas, también está previsto que se aborde el «estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica».

El Ministerio de Hacienda trabaja desde hace semanas para presentar a las comunidades una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, garantizando que será «positivo» y «beneficioso» para todas las regiones. La intención es que el nuevo modelo pueda materializarse durante esta legislatura, como proclamó recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Montero ha precisado que en la reunión sí se trasladará en lo que viene trabajando desde el Ministerio y en el momento en el que se encuentra el debate, si bien ha indicado que la discusión concreta sobre el tema se abordará «en posteriores» reuniones del Consejo de Política Fiscal.

Después de aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto para la condonación de la deuda, el Gobierno pretende acometer la renovación del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado más de diez años.

Por ahora, se conoce que Hacienda está analizando una propuesta para que los ingresos que se perciben del IRPF, del IVA y de los impuestos compartidos entre comunidades autónomas y Estado llegue «a la vez» a todas las administraciones.

Actualmente, la Administración General del Estado es la que recibe la entrada de ingresos correspondiente a esos impuestos compartidos y las comunidades autónomas perciben unas entregas a cuenta precalculadas, el año inmediatamente anterior, con independencia de si la recaudación va bien o va mal.

Según Hacienda, este modelo «evidentemente» es muy criticado por todas las comunidades autónomas. Por ello, considera que el modelo puede evolucionar y ha planteado esta propuesta para la recaudación simultánea.

En paralelo, el Gobierno también tiene pendiente materializar el acuerdo que alcanzaron el PSOE y ERC para aprobar una financiación singular para Cataluña, aunque todavía no se ha especificado la manera en la que se canalizará este asunto.

Durante la legislatura pasada, el Ministerio de Hacienda remitió a las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla su propuesta para reformar el sistema en base al criterio de población ajustada, con variables que estaban pidiendo las regiones ‘infrafinanciadas’.

Tras esto, el Gobierno central dio un mes de plazo a las comunidades autónomas para enviar sus alegaciones a la propuesta, y desde entonces no se produjo ningún otro movimiento para reformar el sistema de financiación autonómica.

Luego hubo elecciones en algunas comunidades autónomas y a nivel general y esta propuesta se quedó en el tintero, aunque varios presidentes trasladaron a Sánchez la necesidad de reformar el modelo y la reclamación de un fondo compensatorio mientras se materializa la actualización del modelo.