La jueza de El Bocal acuerda que la gestora del 112 pase de testigo a investigada para garantizar su defensa

Este cambio de situación procesal implica no declarar, no confesarse culpable o ser asistida por letrado, entre otros aspectos

SANTANDER/GUADALAJARA, 27 Mar. –

La jueza que instruye la causa de la pasarela costera de El Bocal de Santander, en la que a principios de mes fallecieron seis jóvenes, una de Guadalajara, y una más resultó herida grave, ha acordado que la situación procesal de la gestora del 112 que un día antes de la tragedia recibió la llamada de un vecino de Monte alertando del mal estado de la estructura y trasladó ese aviso a la Policía Local pase de ser testigo a investigada.

Así lo ha acordado la magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander este viernes tras la práctica de las primeras declaraciones, entre ellas a esta mujer, que trabaja para el Servicio de Emergencias de Cantabria y a la que había advertido de que asistiera a la citación judicial acompañada de abogado por si a lo largo de su declaración cambiaba su situación procesal, de testigo a investigada, como ha sucedido.

Pero el objetivo de esta decisión es garantizar a la gestora del 112 su derecho de defensa, lo que implica, entre otros aspectos, no declarar, no confesarse culpable y ser asistida por letrado, han explicado fuentes judiciales.

Con este cambio de situación procesal, son ya cuatro las personas investigadas en esta causa iniciada a raíz del suceso que tuvo lugar el pasado 3 de marzo, ya que la empleada de Emergencias -que presta su labor a través de la empresa Osventos, concesionaria de este servicio del 112- se ha sumado a la condición que ya tenía desde los primeros momentos del procedimiento la agente de la Policía Local que recibió su llamada y no gestionó la incidencia y, con posterioridad, dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.

Y es que la instructora acordó también esta semana dirigir la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.

A juicio de la magistrada, es la administración central «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la infraestructura siniestrada, al tratarse de obras ejecutadas dentro de un proyecto no finalizado. Ve «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela» y declaró a la Demarcación de Costas posible responsable civil, condición que también ostenta el Ayuntamiento de Santander.

Ambas administraciones están personadas en la causa -la central a través de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)-, al igual que el propio Osorio, el último en hacerlo, lo que ha elevado a trece el número total de partes en este procedimiento, en el que igualmente figura la policía investigada.

Están asimismo personadas, y además de la Fiscalía, la única superviviente del suceso y familiares de las seis víctimas mortales, una de las cuales tiene a dos representantes legales, lo que hace un global de ocho letrados por parte de los afectados: un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo) que hacía la ruta de la senda costera cuando al atravesar la pasarela de El Bocal se rompió, hundió y cayeron al mar.

Los letrados de las partes implicadas y personadas han asistido este viernes a las primeras ocho declaraciones acordadas por la jueza, que han durado más de tres horas y media, desde las nueve y media de la mañana hasta pasada la una de la tarde, en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander, todas ellas a puerta cerrada y con un único receso de cinco minutos a media mañana.

Se han practicado en el marco de las diligencias abiertas por la tragedia y han comparecido los dos ciclistas que comunicaron el suceso del 3 de marzo; el vecino de Monte que el día anterior alertó del mal estado de la pasarela; la gestora del 112 que recibió esa llamada y la trasladó a la Policía Local; la agente del Cuerpo municipal a la que entró esta llamada y no gestionó la incidencia; dos efectivos de la Policía Científica que realizaron la inspección ocular de la infraestructura y una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada después de que la jueza pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre el puente.

Las testificales han comenzado con uno de los dos ciclistas que llegaron al lugar del suceso y avisaron al 112, que ha ido acompañado de su mujer y ha declarado durante algo menos de media hora. Después ha sido el turno del segundo ciclista, durante unos 10 minutos, y seguidamente ha entrado el vecino que alertó a Emergencias, que también ha acudido acompañado de su esposa y ha prestado declaración durante más de media hora.

Sobre las 10.45 horas ha entrado en el salón de actos de Salesas la gestora del 112, que está de baja y muy afectada por lo ocurrido, y cuya condición procesal ha pasado de testigo a investigada tras declarar, según ha acordado la jueza para garantizar así su derecho de defensa. De hecho, al terminar el interrogatorio, que duró unos 45 minutos, ella abandonó los juzgados, no así su abogado, que permaneció en el interior de la sala hasta finalizar todas las declaraciones.

La mujer llegó y se fue arropada por una docena de compañeros de trabajo –de una plantilla total de 28 personas– y por Samuel Ruiz, director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que recibe una media de entre 700 y 800 llamadas diarias.

Acto seguido, sobre las 11.30 horas, accedió al juzgado la policía local investigada, que también está de baja desde el suceso y a la que el Ayuntamiento de Santander abrió expediente informativo y sancionador, que está paralizado a expensas del proceso judicial. Su declaración se adelantó respecto al orden inicialmente previsto y se prolongó durante cerca de 40 minutos.

Después, accedieron a la sala dos agentes de la Policía Científica que se encargaron de la inspección ocular de la pasarela y constataron el deterioro de elementos -como tornillos oxidados, según el atestado remitido a la jueza- y que testificaron durante unos 15 minutos.

Finalmente, a las 12.35 horas fue el turno de la portavoz de la Asociación en Defensa de la Senda Costera, Marisa Maliaño Toca, que declaró durante poco más de media hora. Tras comparecer ante la magistrada, fue la única que atendió a los medios de comunicación, mientras que el resto de citados declinó hablar con los periodistas.