Guadalajara exigirá mostrar el rostro para trámites municipales si es necesario identificar al usuario a petición de Vox

PSOE y Aike sostienen que la medida «no responde a ningún problema real» acusan al Gobierno de introducir «un discurso de odio»

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes, con el único apoyo del equipo de Gobierno (Vox y PP), una moción presentada por la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal, y modificada mediante una enmienda transaccional del Partido Popular, que regula el acceso a dependencias municipales en los casos en los que los usuarios acudan con el rostro cubierto.

La iniciativa ha salido adelante con los 13 votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y los 12 votos en contra de la oposición (PSOE y Aike). El texto finalmente aprobado establece que los ciudadanos podrán acceder a edificios municipales con el rostro cubierto –ya sea por el uso de burka, casco u otros elementos–, pero deberán descubrirlo cuando sea necesario para proceder a su identificación en trámites administrativos o actuaciones que así lo requieran.

Durante el debate, el concejal de Vox Víctor Morejón ha defendido la propuesta como una medida «estrictamente administrativa» y ha asegurado que «no pretende valorar creencias ni extenderse a la vía pública».

«No hablamos de ideología, sino de garantizar la identificación en los servicios públicos», ha señalado, subrayando que «la clave no es la prenda, sino la imposibilidad de identificación».

Morejón, ha destacado también que la medida aprobada responde a «una decisión de sentido común: en los edificios municipales, el rostro debe ser visible para garantizar la identificación, la seguridad y la igualdad de todos los ciudadanos», subrayando que «no hablamos de ideología, hablamos de orden administrativo y de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos».

Por su parte, el concejal del PP Armengol Engonga ha explicado que la enmienda transaccional presentada por su grupo «mantiene el fondo de la moción» pero elimina cualquier interpretación ideológica o religiosa.

«No se trata de cómo viste nadie, sino de cómo debe funcionar la administración», ha afirmado Engonga, que ha precisado que la identificación se exigirá «de forma puntual, proporcional y respetuosa» y solo cuando sea necesaria.

«Si no hace falta identificar a una persona, no se hará, pero cuando sea necesario, el Ayuntamiento debe poder comprobar la identidad», ha añadido.

Desde la oposición, la concejal y portavoz del Grupo Municipal Aike, Susana Martínez, ha criticado duramente la iniciativa, al considerar que puede generar discriminación hacia colectivos vulnerables.

«Quieren señalar a mujeres por llevar burka y generar más barreras en servicios públicos», ha advertido, preguntándose si se pretende «poner un policía en cada equipamiento municipal».

En la misma línea, el concejal del PSOE, Ignacio de la Iglesia, ha asegurado que la moción «no responde a ningún problema real» en la ciudad y ha acusado al equipo de Gobierno de introducir «un discurso de odio».

«Las instituciones están para garantizar derechos, no para dificultarlos», ha afirmado, criticando además el «blanqueamiento» de la propuesta por parte del PP. La propuesta incluye posibles excepciones por motivos de salud o seguridad laboral.

Este pleno de marzo también ha dado luz verde a la revisión anual del padrón municipal, que sitúa la población en 94.176 habitantes a fecha 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento de 706 personas respecto al ejercicio anterior.

El equipo de Gobierno ha destacado el crecimiento sostenido de la ciudad, así como su diversidad demográfica, con vecinos de numerosas nacionalidades, subrayando el papel del padrón como herramienta clave para la planificación de los servicios públicos.

En la misma sesión, el debate se centró también en la modificación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya tramitación fue incluida por la vía de urgencia con el respaldo de PP y Vox. La propuesta, finalmente aprobada, contempla la ampliación de la moratoria en la aplicación de sanciones hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde el Gobierno municipal han defendido que se trata de una medida «responsable y basada en datos objetivos», apostando por un modelo más flexible que active las restricciones únicamente cuando los niveles de contaminación lo requieran.

Por el contrario, los grupos de la oposición (PSOE y Aike) ha criticado la urgencia del trámite, atribuyéndola a una falta de planificación y gestión.

Asimismo, el pleno ha sacado adelante una moción del Grupo Popular para instar a la paralización del cierre de la oficina de Correos situada en la avenida Eduardo Guitián.

El debate ha evidenciado posiciones enfrentadas: mientras el equipo de Gobierno ha denunciado la falta de información y ha reclamado alternativas para evitar la pérdida de este servicio, el PSOE cuestionó la iniciativa al considerar que responde más a una estrategia de confrontación política que a una solución efectiva, si bien ha coincidido en exigir garantías para que el eventual cierre no afecte a la calidad del servicio postal en la ciudad.