Greenpeace pide a Gobierno y CCAA rechazar nuevos embalses y garantizar caudales ecológicos contra la crisis hídrica

MADRID/TOLEDO 19 Ago. –

Greenpeace ha demandado este miércoles al Gobierno y a las comunidades autónomas (CCAA) que rechacen nuevos embalses y garanticen «estrictamente» los caudales ecológicos para implementar un cambio de rumbo estructural contra la crisis hídrica, que «ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una emergencia presente en todo el continente europeo y, de manera especialmente crítica, en el norte de España».

En concreto, la ONG ha demandado a las administraciones que abandonen la ‘política del hormigón’, es decir, que rechacen la construcción de nuevos embalses y la implementación de nuevos trasvases para priorizar la restauración del suelo, la prevención de la erosión y la protección de masas forestales autóctonas.

Asimismo, ha reclamado que garanticen de manera «estricta» los caudales ecológicos, impidiendo que la presión de las captaciones desequilibre ríos y ecosistemas acuáticos de la cuenca atlántica y mediterránea.

Así se han expresado los ecologistas coincidiendo con el inicio esta semana de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (COP17) en Ulán Bator (Mongolia), donde quieren que España lidere la aprobación de un marco internacional de obligado cumplimiento para la gestión preventiva y la resiliencia ante la sequía global.

En lo que se refiere al territorio español, la ONG también ha instado al Ejecutivo central y al autonómico a que frene el desarrollo de infraestructuras de alto consumo, prohibiendo la concesión de licencias para macroproyectos recreativos, turísticos o intensivos en zonas golpeadas por el estrés hídrico y la desertificación.

A su vez, ha incidido en la importancia de reducir de forma drástica la demanda agroindustrial. A su juicio, las administraciones tendrían que dimensionar el consumo de agua a la disponibilidad real de la misma basada en la ciencia (que prevé reducciones del recurso de hasta el 40% en las próximas décadas). Para ello, tendrían que recortar la ganadería industrial intensiva y priorizar la ganadería extensiva y familiar.

Asimismo, ha abogado por clausurar de forma inmediata los pozos y extracciones ilegales y proteger los acuíferos frente a la contaminación. Por último, ha instado a obligar a los municipios a auditar y reparar de urgencia sus redes de distribución para erradicar el despilfarro de agua potable.

El responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España, Julio Barea, ha criticado que mientras la ONU debate en la COP17 cómo frenar la desertificación, «gran parte» de las administraciones en España siguen haciendo un uso «insostenible» del recurso, «sobreexplotando los ríos para la agroindustria e industrias intensivas, contaminando los suelos y los cauces, y permitiendo que un 30% del agua potable se pierda por fugas en tuberías defectuosas».

«La sequía no se gestiona cortando las duchas de la playa en agosto, se gestiona haciendo una correcta gestión de la demanda cuando los embalses aún tienen agua», ha lamentado.