García-Page carga contra el futuro decreto de centros de datos, presentará alegaciones y no descarta ir a los tribunales

GUADALAJARA 9 Sep. –

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este miércoles contra el futuro real decreto sobre centros de datos promovido por el Gobierno, que exigirá que los centros de mayor tamaño respalden con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico.

«Vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales», ha advertido el presidente socialista en la localidad de Alovera (Guadalajara), donde ha inaugurado la planta de biomasa de Mahou San Miguel.

Al presidente castellanomanchego, le parece «bastante dramático» para vertebrar y cohesionar un país que «se esté diseccionando» y se quiera «pilotar» el proceso y el mapa industrial en España «de alguna manera divorciando las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza» para que encima –ha apuntado– luego sea la renta y la riqueza de esos territorios beneficiados –incluso en la dictadura– «los que terminen condicionando hasta la financiación autonómica».

«Si nosotros ponemos la cama. Si nosotros ponemos el territorio, el esfuerzo y la burocracia pensando que cada vez que ponemos placa fotovoltaica facilitamos inversión y vamos a atraer industria que se vincula a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?», se ha preguntado.

A modo irónico, ha afirmado que confía en que los independentistas, que «son los que mandan», lo terminen tumbando.

Continuando con el argumento, García-Page se ha preguntado por qué las comunidades autónomas tienen que facilitar la producción de la energía, y, sin embargo, tienen que ver que no deciden y no opinan siquiera en las instalaciones empresariales que dejan empleo y riqueza.

«Me podrán decir muchas cosas, pero tonto, tonto, no me considero», ha abundado García-Page, quien ha sostenido que confía «muy poco» en que algunas decisiones del Gobierno de España, a la hora de decidir dónde se instalan los centros y las empresas, pasen por su tierra. Por tanto, «vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales», ha adelantado.