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Publicado 27 Mar 2026 13:44

· Fuente: Europa Press
¿Poco tiempo? Te resumimos esta noticia y aclaramos las dudas más habituales en un vistazo.

SANTANDER/TOLEDO, 27 Mar. –

Las primeras declaraciones acordadas por la jueza que investiga el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander –donde el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes tras colapsar la estructura de madera y caer al mar– han empezado este viernes en torno a las 9.30 horas, tal y como estaba previsto. Ha sido con la asistencia de personas citadas a declarar y representantes de las partes personadas, trece en total, después de haberlo hecho también el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Se trata de uno de los dos funcionarios de la Demarcación de Costas -el otro es el responsable de Servicio de Proyectos y Obras- contra los que la magistrada ha acordado dirigir acción penal al considerar que es la administración central «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la estructura siniestrada.

Las comparecencias, que se han prolongado durante poco más de tres horas y media en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, han comenzado con el llamamiento de testigos y de la investigada que deben declarar esta jornada ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander. Se celebran a puerta cerrada y han concluido minutos antes de las 13.10 horas.

En total, y hasta ahora, se han personado trece partes en este procedimiento, de las que ocho corresponden a los siete jóvenes afectados por la tragedia (la superviviente y familiares de las seis víctimas mortales, una de las cuales tiene a dos representantes legales en la causa).

También están personados, y además de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) -ambas instituciones como interesadas pero también como posibles responsables civiles-, el jefe de la Demarcación, el último en sumarse al procedimiento, y la agente de la Policía Local que en un principio fue la única investigada, por no gestionar ninguna incidencia tras el aviso del mal estado de la pasarela el día antes de que se rompiera y hundiera.

En esta primera jornada de declaraciones, en el marco de las diligencias abiertas por el suceso, la jueza ha citado a esta policía y a varios testigos: los dos ciclistas que comunicaron el siniestro, el vecino de Monte que la víspera alertó del estado del puente, la gestora del 112 que recibió esa llamada y dio traslado a la Policía Local, los agentes de la Policía Científica que realizaron la inspección ocular del puente y una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada después de que la instructora pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela.

Las testificales han comenzado con uno de los dos ciclistas que llegaron al lugar del suceso y avisaron al 112, que ha acudido a declarar acompañado de su mujer. Lo ha hecho durante algo menos de media hora.

Posteriormente ha declarado el segundo ciclista, durante unos 10 minutos, y seguidamente el vecino que avisó al 112 del mal estado de la pasarela de El Bocal, también acompañado de su esposa, que ha prestado declaración durante más de media hora.

Sobre las 10.45 horas ha entrado en el complejo judicial la gestora del 112 que atendió la llamada del vecino y avisó a la Policía Local, que está de baja y muy afectada por lo ocurrido. Ella ha abandonado el juzgado pero no su abogado, que se ha quedado dentro de la sala. Tenía que ir acompañada de letrado porque así lo había indicado la jueza por si, tras tomarla declaración, pasaba de la condición de testigo a la de investigada.

La mujer, que ha declarado durante unos 45 minutos, ha estado arropada por una docena de compañeros de trabajo –de una plantilla total de 28 personas– y por el director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz. El 112 recibe una media de entre 700 y 800 llamadas diarias.

Acto seguido, sobre las 11.30 horas, ha accedido al juzgado la policía local investigada, que está de baja desde el suceso y a la que el Ayuntamiento de Santander le abrió expediente informativo y sancionador, que se ha paralizado a expensas del procedimiento judicial.

Su declaración se ha adelantado media hora y se ha prolongado durante unos 40 minutos.

Y es que previamente iba a hacerlo la Policía Científica. Finalmente los dos agentes citados han entrado a las 12.00 horas y ha permanecido 15 minutos en el juzgado.

Finalmente, a las 12.35 horas ha sido el turno de la portavoz de la Asociación en Defensa de la Senda Costera, Marisa Maliaño Toca, que ha declarado durante poco más de media hora.

Al término de sus declaraciones ante la jueza los citados no han comparecido ante la prensa excepto Maliaño.


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