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Publicado 28 Sep 2025 14:46
Defiende que el IMV se ligue a la búsqueda de empleo y avisa que los delitos graves implicarán que «se pierda el derecho a la residencia»
MURCIA/toledo, 28 Sep. –
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este domingo un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de «quien conoce mejor» la cultura española, de «quien tiene mayor capacidad de integración» y de quien quiere trabajar en aquellos sectores en los que hay «falta de mano de obra». Además, ha defendido que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se liguen a la «búsqueda activa del empleo».
«Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entra», ha declarado Feijóo en un acto en el Teatro Circo de Murcia, rodeado por los presidentes autonómicos del PP, donde han firmado la llamada ‘Declaración de la Región de Murcia’ con una serie de compromisos en materia migratoria, de vivienda o de infraestructuras. Previamente han tomado la palabra los anfitriones, el presidente autonómico de la región, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta.
Tras asegurar que «incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal», Feijóo ha defendido aplicar en España lo que hacen otros países como Canadá, Australia o Reino Unido: «Un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración».
El líder del PP ha indicado que ese visado «también computará el compromiso de los países de origen» con la política migratoria en España: «Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados. Y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden», ha enfatizado.
Además, Feijóo ha señalado que la política migratoria del PP se basa en el principio de que «contribuir tiene que ser condición para permanecer» y ha dicho que el sistema actual «no es razonable», ya que «cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital».
A su entender, es algo que ocurre con «muchos miles» de inmigrantes y «esto es un sin sentido», dado que «llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos» que hacerlo con un contrato.
Por eso, Feijóo ha recalcado que «prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo», ya que, según ha subrayado, la percepción de ayudas públicas no puede convertirse en el «único medio de vida de la gente que llega a España».
«Y los que abusan no pueden oscurecer la labor de tantas personas inmigrantes que llegaron de otros países en las últimas décadas, que han prosperado a través de su esfuerzo, de su trabajo y que han contribuido también a que España prospere», ha manifestado, para defender «todos los derechos» para los que trabajan frente a los que «vienen a vivir de los que trabajan».
Tras asegurar que hay que tener «tolerancia cero con el delito», ha señalado que los «delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia», mientras que en el caso de los delitos reincidentes, aunque sean leves, «no podrán premiarse tampoco con la permanencia en España». «Los españoles cumplimos la ley y los inmigrantes han de cumplir la ley. Y si no la cumplen, se irán de nuestro país», ha resaltado.
Feijóo ha afirmado que la inmigración ilegal es un «desafío» porque «se ha descontrolado» y, en su opinión, cuando algo se descontrola y se convierte en un desafío, hay que encararlo y afrontarlo», sobre todo por «el bien de las miles de personas que mueren en el mar engañadas por las mafias».
Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno «se limita a sacarse de encima» este problema, tratando «a los inmigrantes como «una moneda de cambio para mantener su estabilidad política después de haber perdido las elecciones generales» y siguiendo como «único criterio de reparto» de menores no acompañados el de «molestar lo mínimo posible a sus socios separatistas».
«La inmigración es ilegal es un desafío que hay que afrontar porque si no se alienta la xenofobia», ha aseverado, para añadir que el no está dispuesto a que «paguen justos por pecadores» y a que «quienes abusan o delinquen tapen a tantos otros inmigrantes que han venido a prosperar» en España.
El líder del PP ha indicado que este problema no se arregla «con protestas» o «llamando a incumplir la ley» sino con «propuestas», «cambiando la ley» y «compromiso político», dejando claro que un país no puede renunciar a controlar sus fronteras.
Feijóo ha rechazado la premisa de puertas abiertas para todos y la de echarlos a todos que, a su entender, defienden PSOE y Vox, dado que cada inmigrante «es una persona con una dignidad intrínseca» y debe ser tratado «como ciudadano responsable de sus propios actos, con derechos y también con deberes».
«Ni es una víctima que no es dueña de sus actos como afirma el PSOE, ni es un delincuente por defecto como dice Vox. No es verdad, ninguno de las dos extremos es verdad», ha exclamado, cosechando un aplauso del auditorio.
Por eso, Feijóo ha subrayado que la solución «no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar» sino «poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas». «Creo en una España abierta, en una España acogedora, pero también firme en la defensa de nuestra convivencia y de nuestra libertad», ha manifestado.
En el texto firmado por Feijóo y sus ‘barones’, el PP señala que España «no puede seguir atrapado en el modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida, debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley».
Por eso, defiende una política migratoria que «alinee España con la tendencia europea: ordenada, legal y mutuamente beneficiosa».
Según añade, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha renunciado» a controlar las fronteras y niega a los españoles la capacidad de decidir quién entra en España y en qué condiciones. «El abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones y de las vías de regularización excepcionales, como el arraigo, junto al colapso del sistema de asilo y la ausencia de sistemas de retorno efectivos, han roto los incentivos a quien quiere cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad», señala el PP.
Además, considera que «se ha disparado la dependencia del sistema», con «altas tasas de desempleo entre extranjeros, precariedad laboral y un uso creciente de las prestaciones sociales, sin que sea necesario demostrar una aportación previa al sistema».
Asimismo, recalca que la gestión de los menores no acompañados «no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas».
El Gobierno central, prosigue el PP, debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito. Por ello, exige que «garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las comunidades». «Además, consideramos que, siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen», concluye.
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