Expertos en discapacidad abogan por un modelo de salud mental sin coacción para el colectivo, centrado en la voluntad

Responsables públicos en salud mental y discapacidad han defendido la importancia de poner en marcha un modelo de salud mental sin coerción enfocado a este colectivo, centrado en la voluntad de la persona, como han puesto de manifiesto en el V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad.

Organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad y el CERMI, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y Laborvalía, en el conversatorio ‘Bases para unas políticas públicas de salud mental renovadas’ se ha situado la salud mental en el centro del debate jurídico, social y político, con especial énfasis en los derechos humanos, la participación activa de las personas con discapacidad psicosocial y la transformación de los modelos asistenciales.

«El estigma es una enfermedad social que debemos sanar. Y lo haremos impulsando leyes y políticas públicas que respeten la dignidad y la voluntad de las personas con trastorno mental», afirmó en su intervención el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, Jesús Martín Blanco.

El responsable estatal avanzó que la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia incluirá un artículo específico sobre salud mental que, en sus palabras, «pondrá en el centro a las personas con trastorno mental, respetando su voluntad y su derecho a decidir cómo quieren vivir».

A su juicio, «la salud mental no es un mantra ni un eslogan», sino una realidad que interpela la vida cotidiana. También indicó que se pondrá en marcha un grupo de trabajo dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad para revisar medidas como los ingresos no consentidos, y defendió llevar esta transformación hasta el Consejo de Europa con una propuesta de protocolo adicional al Convenio de Oviedo.

Por su parte, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González Collado, abogó por asegurar una calidad asistencial, centrada en quienes más lo necesitan, integrar los determinantes sociales en la atención, y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. «Queremos que la ciudadanía exija que los planes se cumplan. La salud mental no puede seguir estando en la periferia del sistema», declaró.

Mientras, la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, Mª Teresa Marín Rubio, apeló a una transformación de las estructuras de participación. «No podemos seguir funcionando con modelos del siglo pasado. Necesitamos marcos normativos que den estabilidad a la acción social y espacios reales de participación en la toma de decisiones», argumentó.

Durante estas jornadas, celebradas el 21 y 22 de mayo en Ciudad Real, se han analizado cuestiones como el internamiento involuntario, el tratamiento médico forzoso, las dificultades de inserción laboral o el acceso a la justicia, desde el prisma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.