Este martes será juzgado en Toledo un hombre acusado de agresión sexual a un menor en un parque de la ciudad

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 16 de diciembre, a O.L.P, acusado de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, cuando la víctima se encontraba solo en un parque de Toledo capital, y por el que la Fiscalía pide una pena 2 años y 6 meses de prisión.

El acusado, O.L.P., alrededor de las 19.20 horas del 21 de febrero de 2024, habiendo ya anochecido, acudió al Parque de las tres Culturas de la ciudad de Toledo, concretamente a una zona apartada del mismo, donde se suele ubicar una colonia de gatos, ha señalado el fiscal en su escrito de acusación, tal y como recoge Europa Press.

Encontrándose allí, vio al menor de 14 años de edad, B. que estaba observando a los felinos, y percatándose que se encontraba solo, «atisbando la posibilidad de satisfacer sus instintos libidinosos y siendo consciente de su corta edad», se acercó al mismo y comenzó a entablar una conversación subida de tono.

En este contexto, invitó al menor a acercarse a una zona del parque donde se podían ver a parejas practicando actos sexuales, al tiempo que se tocaba sus genitales y posteriormente dirigía la mano hacía los genitales de B.

Esta actitud del acusado, asustó a B., que salió corriendo del lugar. El acusado fue detenido semanas después por la Policía Nacional en las inmediaciones del Parque de las tres Culturas, al ser identificado por B.

El acusado, O.L.P., deberá indemnizar a C. como representante legal del menor, en la cantidad de 1.000 euros por los perjuicios morales producidos producto de los hechos denunciados.

Además de la pena mencionada, se reclama inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 años e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto directo y regular con personas menores de edad por un periodo de 5 años superior al de la pena de prisión impuesta.

Procede, a juicio de la Fiscalía, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de distancia y comunicarse por cualquier medio o procedimiento con la víctima por un periodo de 4 años.

La Fiscalía reclama libertad vigilada por periodo de 6 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad que fuera impuesta.