Entra en vigor el Estatuto del Universitario que reconoce el derecho a la huelga, conciliación y la salud mental

MADRID/TOLEDO 23 Oct. –

El Estatuto del Estudiantado Universitario que reconoce el derecho al paro académico, la conciliación de los estudiantes y recibir atención a la salud mental gratuita entra este viernes 23 de octubre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto reconoce expresamente el derecho al paro académico, total o parcial, y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, respetando también el derecho a la educación. Entre los deberes que deberán cumplir los alumnos, destaca el no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.

También reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible. Además, se prevén unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas.

El nuevo Estatuto supone un avance en el reconocimiento y la garantía de los derechos del estudiantado. El alumnado deja de ser considerado únicamente receptor de formación para consolidarse como titular de derechos, protagonista de la vida universitaria y parte activa de las decisiones que le afectan.

Desde el Ministerio de dirige Diana Morant afirman que el nuevo Estatuto se ha trabajado y consensuado con la comunidad universitaria, contando con la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y con la representación estudiantil del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).

El documento refuerza la protección frente al acoso y el ciberacoso, incluidos los de carácter sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal. De esta forma, la igualdad, la inclusión y la no discriminación ganan peso en la protección del alumnado.

Igualmente, refuerza los apoyos para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.

También impulsa medidas para compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar, incluyendo opciones como los estudios a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios conforme a la normativa.

REGLAS ACADÉMICAS MÁS CLARAS Y EVALUACIÓN MÁS JUSTA

El documento refuerza el derecho a conocer los planes docentes antes de la matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, prácticas y evaluación.

También establece garantías frente a cambios injustificados en los criterios de evaluación y se refuerza la supervisión de las prácticas académicas. El nuevo marco incorpora garantías sobre protección de datos, seguridad digital, desconexión digital y propiedad intelectual de los trabajos académicos.

El Estatuto amplía su ámbito de aplicación y refuerza derechos relacionados con las becas, la movilidad, la orientación socioprofesional, la formación permanente, las microcredenciales y el doctorado, con el objetivo de «avanzar hacia una universidad que garantice más oportunidades, mayor protección y una formación de calidad para todo el estudiantado».

Otros de los avances es el reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida académica y laboral, el acceso a la orientación y atención psicológica y de salud mental, y la adaptación curricular para el estudiantado con discapacidad, necesidades específicas de apoyo o dificultades de aprendizaje».

Asimismo, refuerza derechos esenciales del día a día universitario, como las garantías en los procesos de evaluación, asegurando las dos convocatorias; la mejora de las tutorías; la ampliación de los motivos que justifican la inasistencia, incluyendo el cuidado de personas dependientes, la enfermedad o la realización de otros exámenes oficiales; y la protección frente a las bajadas de calificación en las revisiones, salvo por errores materiales o aritméticos.

También contempla la anonimización de las calificaciones, el derecho a la desconexión digital, la dispensa académica y la suspensión temporal de los estudios. A estas medidas se suman nuevas garantías para prevenir y actuar frente al acoso y el bullying, así como la obligación de las universidades de desarrollar planes de conciliación y de contar con servicios y unidades de atención a la discapacidad, salud mental, igualdad y orientación sociolaboral.