El TSJCM declara la nulidad del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha

TOLEDO, 3

El Tribunal Superior de Justicia de Castlla-La Mancha (TSJCM) ha declarado la nulidad del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 15/2022 de 1 de marzo, tras estimar un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1 del Alto Tribunal en su sentencia, recogida por Europa Press, entiende que hubo «omisión del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza» y un «defectuoso cumplimiento del procedimiento» en la aprobación del Decreto «arrastrado por la ausencia del informe» de dicho Consejo Regional de Caza.

En un comunicado, el representante de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, considera que la sentencia «demuestra el poco respeto a la legalidad que el Gobierno regional expresa en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación».

«El Gobierno regional lo que ha pretendido con el Reglamento de Caza es beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente de Castilla-La Mancha».

Tras esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia los procedimientos «ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general».

La organización ecologista «apuesta por la participación social en la aprobación de todo tipo de normativas y por ello reclama al Gobierno regional, y singularmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que confronte abiertamente su elaboración con todas las partes interesadas y no solo con los sectores económicamente interesados».

Igualmente, reclama que «no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan y señala que si éstas fueran atendidas mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales».