El PSOE afronta el desgaste por la financiación autonómica ante las inminentes elecciones en varias comunidades

Los socialistas de Castilla-La Mancha y Castilla y León critican el acuerdo y Asturias guarda silencio

El PSOE se dispone a afrontar el debate sobre la financiación autonómica, que genera importantes discrepancias internas entre territorios, en pleno año electoral con elecciones autonómicas a la vista en Aragón, Castilla y León y Andalucía y varias federaciones ya han rechazado el nuevo acuerdo lanzado por el Gobierno.

Una vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto sobre la mesa el nuevo modelo, han aparecido los recelos de distintas federaciones socialistas, que ven concesiones al independentismo catalán y consideran que los criterios que benefician a su territorio no están suficientemente presentes en el nuevo sistema.

Desde Ferraz y algunas federaciones alineadas con la dirección federal se afanan en defender el nuevo modelo con la promesa de que aportará más recursos para todas las comunidades, abriendo un debate que marcará las próximas campañas electorales.

El más duro dentro del PSOE, como es habitual, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que incluso ha pedido la convocatoria de elecciones generales ante lo que considera un «atropello» para que los independentistas decidan el reparto de la riqueza de España.

A su juicio, Montero trató de «explicar lo inexplicable» con argumentos ininteligibles y caóticos después de que la ‘número dos’ del PSOE y del Gobierno explicase que el Estado pondrá a disposición de las comunidades 20.000 millones de euros más y que todas ellas recibirán más fondos.

La propuesta del Gobierno cuenta con el visto bueno de ERC, que puso el foco en que se respete el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades que más aporten sean también las que más reciban. Este orden se respetará en el caso de Cataluña, pero no quedará garantizado para otras comunidades como Madrid, según trasladó la propia Montero.

La otra comunidad gobernada por el PSOE, el Principado de Asturias, también mostró sus recelos a la nueva financiación autonómica aunque en un tono más contenido. El consejero de Presidencia Guillermo Peláez dijo que esperarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado esta semana para conocer todos los detalles del acuerdo.

El presidente autonómico, Adrián Barbón, guarda silencio por ahora, aunque el pasado mes de septiembre, en su mensaje por el día de Asturias, advirtió de que solo le vale un acuerdo de financiación «sin privilegios, sin discriminaciones» y con más recursos para su comunidad.

El PSOE de Castilla y León también ha rechazado con contundencia la nueva financiación al considerarla «insuficiente e injusta» con la comunidad según expresó el secretario autonómico Carlos Martínez este mismo sábado.

Martínez, que será el candidato socialista a las elecciones en Castilla y León que se celebran, previsiblemente, el próximo 15 de marzo, considera que «no se ajusta a las necesidades» a pesar de que recibiría 271 millones de euros adicionales.

Por otro lado, la candidata del PSOE en Aragón y exministra Pilar Alegría ha defendido el nuevo acuerdo poniendo el acento en que su comunidad recibirá una cantidad superior que con el anterior sistema. Alegría es la primera que se enfrenta a las urnas, lo hace en menos de un mes, el 8 de febrero y pidió al actual presidente Jorge Azcón (PP) que explique a qué va a dedicar esos 630 millones de euros en lugar de confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una situación similar se encuentra María Jesús Montero, cabeza visible del nuevo reparto autonómico y candidata socialista en Andalucía, que celebrará elecciones el próximo mes de junio. Ante los medios defendió que este será un modelo más solidario y con el que todas las comunidades saldrán ganando.

A la vez, desde Ferraz han iniciado una campaña para defender un modelo que inyectará más de 20.000 millones adicionales a las comunidades autónomas, según recalcan, y además reducirá las brechas entre las comunidades que más y menos reciben por habitante.

Subrayan además que aumenta la solidaridad entre territorios con un trasvase de 3.000 millones entre las comunidades ricas y las de menos recursos y con un fondo adicional de 1.000 millones para luchar contra el cambio climático.