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Publicado 29 Jun 2025 18:26
A fecha de 27 de junio, el Colegio de Registradores ha aprobado el 83,65% de las solicitudes tramitadas
El registro único de arrendamientos de alquileres turísticos y de temporada, fruto del Real Decreto 1312/2024 por el que se crea la ventanilla única digital, será de obligado cumplimiento desde este próximo martes, 1 de julio, tras seis meses desde su entrada en vigor a principios de año.
Esta normativa es consecuencia del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, que es directamente aplicable en los Estados Miembros, estableciendo un sistema de regulación de los arrendamientos de viviendas amuebladas de corta duración.
Por tanto, la solicitud del número de registro, que se realiza en el Colegio de Registradores, deberá ir acompañada de la documentación pertinente, es decir, referencia catastral y la dirección exacta del alojamiento, el modelo de alquiler (vivienda completa o por habitaciones), el número de personas que podrán hacer uso de la vivienda y el cumplimiento de los requisitos que establece cada comunidad autónoma para poner en marcha este tipo de servicios.
Una vez presentada y validada la solicitud de registro, los propietarios de estos alojamientos recibirán un número de identificación que deberán hacer público en las plataformas ‘on line’ donde promocionen sus servicios de alquiler. De esta forma, estas viviendas estarán publicadas de forma oficial.
En un comunicado reciente, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destacó que, con esta medida, el Gobierno de España y la Unión Europea pretenden abordar el «complejo escenario» derivado de la situación de la vivienda a través de mecanismos que «frenen los casos de fraude» y consoliden un mercado «transparente».
A fecha de 27 de junio, el Colegio de Registradores ha aprobado 90.046 solicitudes, el 83,65% de las tramitadas, de las que 17.596 han sido denegadas, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana confirmados a Europa Press, que también indican que hay 92.044 pendientes de verificación.
Así, desde el 2 de enero se acumulan 199.686 solicitudes en toda España.
Las solicitudes son mayoritariamente de alquiler turístico (156.938), concentrándose principalmente en las provincias de Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona, entre otras. Además, en el último mes –desde el 26 de mayo– se han realizado un total de 125.000 solicitudes.
Recientemente, los registradores recordaron que este número de registro único se puede seguir solicitando después del 1 de julio, además de que no se puede asignar este código a quien no tenga las licencias o declaraciones responsables que exige la comunidad autónoma o el ayuntamiento.
En el caso de las plataformas ‘on line’ de alquiler de corta duración, éstas deberán transmitir sus datos a la ventanilla única digital de arrendamientos con una periocidad mensual.
En concreto, los datos a enviar son los siguientes: los datos de actividad por unidad, junto con el número de registro facilitado por las personas arrendadoras, la dirección específica de la unidad y las URL de los anuncios publicados en sus plataformas, por medios de comunicación de máquina a máquina.
En cuanto a las plataformas pequeñas y microplataformas en línea, el tiempo de transmisión de la información requerida será de un periodo trimestral. En ambos casos, la transmisión de datos se efectuará en los quince primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente periodo de referencia.
Esta nueva regulación también ha traído cola en forma de críticas, como las de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han exigido la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro, Jordi Hereu, debido al «caos» e «incertidumbre» generado, a su juicio, por el nuevo registro.
Además, la formación popular ha criticado la «improvisación» y «precipitación» de la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024 en plena temporada alta, además de denunciar «la falta de liderazgo» de Hereu, «ausente» en todo el proceso, y la «intrusión competencial» en las funciones de los registradores de la propiedad, por ejemplo.
A apenas 10 días del 1 de julio, persisten graves lagunas en los criterios a aplicar, sin una guía clara sobre los usos y temporalidad, la necesidad de múltiples registros para una misma unidad alojativa o la forma en que se deben compartir los datos con las autoridades competentes», criticó el partido en un comunicado.
Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha alertado de que la aplicación de la normativa dejará fuera el 70% de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre.
Por otro lado, ha insistido en que se trata de un nuevo sistema que invade las competencias de turismo que están delegadas en las comunidades autónomas.
En este sentido, su presidenta, Silvia Blasco, ha señalado que las comunidades autónomas ya disponen de sus propios registros turísticos, denunciando que, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como «un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema».
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