El Gobierno reforma el Reglamento de Espectáculos Taurinos para blindar el veto al bombero-torero

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un Real Decreto con una disposición que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para blindar el veto a eventos como el bombero-torero.

De este modo, añade la obligación de no autorizar espectáculos cómico-taurinos «que no respeten la dignidad humana y denigren públicamente a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo».

«Nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello», ha asegurado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, agrega un apartado 4 al artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos con la siguiente redacción: «En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato».

Estos espectáculos ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad y, a través de la reforma de esta norma (que actualmente está en fase final de tramitación parlamentaria), se va a tipificar estas prácticas como infracciones muy graves con sanciones de entre 600.000 euros y 1 millón de euros.

Junto a estas medidas, el Ministerio de Derechos Sociales ofrece un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos taurinos y «en otro tipo de ‘shows’ denigrantes que hacen escarnio público de sus cuerpos». Se trata del programa ‘Pisadas con dignidad’, lanzado en 2022 por Derechos Sociales junto a la Fundación ONCE, y que ofrece a estas personas apoyo social y formación laboral para que puedan acceder a un trabajo «digno y que no sea precario».

Si bien, hasta la fecha, existía un resquicio legal en el que se amparaban algunos ayuntamientos, ya que el Reglamento de Espectáculos Taurinos no especifica sobre eventos como el de bombero-torero.

Precisamente, el departamento que dirige Pablo Bustinduy denunció en 2024 ante la Fiscalía General del Estado el espectáculo ‘Popeye Torero y vaquillas infantiles’ del Ayuntamiento de Teruel que, según el Ministerio, exponía «a la mofa pública» a personas con enanismo.

El Real Decreto aprobado este martes supone también la creación de la UTAC, una unidad de apoyo y de coordinación que actuará como un órgano especializado para asesorar y controlar a los gobiernos autonómicos en materia de accesibilidad, ya que las administraciones regionales son las competentes de asegurar un correcto cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad.

Con este objetivo, la UTAC prestará apoyo técnico y coordinará las comunicaciones entre los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas, al tiempo que será un órgano de referencia en este ámbito tanto para la ciudadanía como para los operadores económicos.

Por otro lado, en el Consejo de Ministros de este martes se ha presentado también un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para el despliegue del nuevo artículo 49 de la Constitución Española.

En esta línea, el informe recoge las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos dos años para cumplir el mandato del nuevo artículo 49. Entre esas actuaciones, se incluye el desarrollo integral de la Ley ELA y el aumento de la inversión por parte del Gobierno de España para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y garantizar la financiación de los cuidados que requieren las personas con ELA. También la aprobación de la primera Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados; la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente; la movilización de 20 millones de euros para reforzar la educación inclusiva y la atención temprana; y la aprobación del primer protocolo estatal de atención y comunicación a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Asimismo, el Gobierno ha subrayado que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a permitir consolidar el mandato del artículo 49 materializando los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención focalizada en las situaciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan mujeres e infancia con discapacidad.

Igualmente, Bustinduy ha dicho que la reforma de estas leyes «entra en su última fase de tramitación parlamentaria». «Yo confío en que pueda ser aprobada definitivamente antes del verano. Supondrá un antes y un después en cómo abordamos la dependencia en España», ha afirmado.

En esta misma línea ha defendido que esta reforma «permitirá eliminar incompatibilidades entre prestaciones, actualizar la cartera de servicios y reforzar recursos esenciales para la autonomía como asistencia personal y servicios de proximidad y comunitarios».