El Gobierno promete aprobar 179 normas en 2026, entre las que incluye presupuestos y financiación autonómica

Bolaños dice que el Ejecutivo tiene «voluntad política» para aprobar las cuentas públicas pero ahora hay «incertidumbre» por la guerra

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno tiene previsto aprobar 179 propuestas normativas en el año 2026, entre las que ha incluido los presupuestos generales del Estado (PGE) y la ley de financiación autonómica. «La legislatura suma y sigue», ha afirmado.

Así lo ha avanzado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro en la que, entre otros asuntos, ha presentado a los medios el Plan Anual Normativo, que recoge las principales medidas que impulsará el Ejecutivo de cara al próximo año.

En concreto, Bolaños ha señalado que el plan para 2026 incluye 179 nuevas propuestas normativas, de las cuales 10 son leyes orgánicas, 38 son normas ordinarias y 131 son reales decretos. Asimismo, el 31% de las normas que se aprobarán son incorporaciones al derecho nacional de normativa europea.

«La intención del Gobierno es continuar fortaleciendo el estado del bienestar, garantizando el crecimiento económico y, por supuesto, tener una posición en política internacional (…) que apueste por el derecho internacional, la paz en el mundo y los valores democráticos», ha reivindicado.

El ministro también ha avanzado que el grado de ejecución del informe de evaluación del Plan Anual Normativo es «muy alto», cifrándolo en un 82%: un 36,18% de normas previstas ya aprobadas y un 46,23% en tramitación avanzada.

PGE, HAY «VOLUNTAD POLÍTICA»

El ministro de Presidencia ha defendido una «razonable estabilidad parlamentaria» fundamentada, según ha detallado, en la que el Gobierno ha aprobado 62 leyes en la actual legislatura de las que dos son reformas de la Constitución, diez son leyes orgánicas, 18 ordinarias y 32 reales decretos. «Exceptuando el Parlamento Valenciano, el Gobierno de España y las Cortes Generales son las que más leyes aprueban», ha sostenido.

Además, Bolaños ha asegurado que el Gobierno tiene el objetivo de impulsar leyes que están en tramitación «porque son demandas sociales» antes del 30 de junio, cuando termina el periodo de sesiones actual.

Sobre la posibilidad de cerrar unos PGE en 2026, tras tener prorrogarlos los últimos tres ejercicios, el ministro ha recordado que «es una obligación política» y que el Gobierno tiene «voluntad», si bien no ha confirmado si se presentarán este año o ya renunciarán para presentar las cuentas en 2027.

Sin embargo, Bolaños ha precisado que «ahora no es el momento» ante la guerra de Irán que, según ha explicado, genera «incertidumbres económicas» que «hacen muy difícil» que el Gobierno pueda tener «un cuadro macroeconómico que sea preciso y que no esté muy condicionado por las incertidumbres que tienen que ver con el panorama internacional que existe hoy en nuestro planeta».

Pese al actual escenario, Bolaños ha sostenido que las actuales cuentas públicas del Ejecutivo son «muy buenas», donde ya se incorporan «25.000 millones de euros de fondos europeos anuales» que han servido, entre otras políticas, para que España multiplique «por seis el crecimiento económico de la zona euro».

LAS NORMAS PARA 2026

Para 2026, el Ejecutivo incluye en su plan anual normativo los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica, la ley de crédito al consumo o la ley de modernización del sistema financiero.

También habrá otras normas para «seguir avanzando con el Plan de Acción por la democracia», según ha explicado Bolaños, como la Ley Orgánica de Integridad Pública, la ley anticorrupción o la ley de publicidad en el sector público.

En materia de igualdad, el Gobierno tiene previsto aprobar la ley de violencia vicaria y de trata, que va a reunir «todas las formas de trata y de explotación humana».

También se dará luz verde a otras normas relacionadas con el empleo, como la ley de democracia en la empresa, la ley de prevención de riesgos laborales, que fue en primera vuelta la semana pasada, la de mejora de condiciones laborales de trabajo en plataformas o la modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer «las garantías adecuadas frente al despido».

En materia de justicia, el Gobierno quiere impulsar la ley de asistencia jurídica gratuita, «que sustituirá a la de 1996, que ha quedado obsoleta», según el ministro; o la ley de protección al derecho al honor, «cada día más necesaria». También se aprobará una norma para incorporar al derecho nacional la prueba digital.

Moncloa quiere desarrollar además la ley de consumo sostenible, la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras y, en materia sanitaria, la ley de medicamentos y productos sanitarios, o de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. El ministro también ha apuntado a la ley de inteligencia artificial, «que está ya muy avanzada por el ministerio competente y que pronto verá la luz en Consejo de Ministros».