El Gobierno pone a disposición de las CCAA líneas de trabajo para mejorar la gestión de la sanidad vegetal

Planas advierte de que constituye un error utilizar la sanidad agraria como herramienta de confrontación

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha presidido por videoconferencia los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, ha avanzado que el Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas líneas de trabajo conjunto para mejorar la gestión de la sanidad vegetal, por lo que se facilitará al sector agrario el acceso a los sistemas más modernos de lucha contra las plagas.

En concreto, Planas ha confirmado que España trasladará a la Unión Europea la necesidad de actualizar la normativa europea sobre productos fitosanitarios, al considerar que el actual sistema de autorización no proporciona herramientas suficientes ni ágiles para el sector agrario, lo que ha incrementado el recurso de autorizaciones excepcionales.

De esta forma, Agricultura trabajará con las regiones para identificar y dar respuesta a las principales problemáticas fitosanitarias detectadas en la última campaña, garantizando en todo caso la seguridad alimentaria.

Durante la reunión, Planas ha advertido a los consejeros de las CCAA del error que supone utilizar la sanidad agraria como herramienta de confrontación política.

En el consultivo, el titular del ramo ha informado a los consejeros autonómicos sobre los asuntos del orden del día del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del próximo lunes, y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Planas ha subrayado que España insistirá en la defensa en Europa de una Política Agraria Común (PAC) sólida, con financiación suficiente, normas comunes claras y un enfoque que asegure la estabilidad del sector agrario y la igualdad de condiciones entre agricultores en toda la Unión Europea.

De esta forma, en el Consejo de ministros de la UE del próximo lunes, España, junto con Portugal, planteará la necesidad de establecer disposiciones transitorias entre la actual PAC y su futura reforma para garantizar la continuidad de las intervenciones sectoriales en los ámbitos vitivinícola y de frutas y hortalizas. El objetivo es aportar seguridad jurídica y evitar interrupciones en la ejecución de los programas, especialmente en el caso de inversiones plurianuales y convocatorias que requieren planificación anticipada.

Además, Planas ha explicado que defenderá un enfoque «gradual y realista» para la transición energética en la pesca y la acuicultura, ante la falta de alternativas de cero emisiones plenamente viables para toda la flota.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de revisar el marco normativo europeo para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y la renovación de la flota, en concreto, revisar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para permitir la financiación de los buques mayores de 24 metros y revisar el concepto de capacidad recogido en el Reglamento de la Política Pesquera Común. Estas deben llevarse a cabo en coordinación con el sector y en el contexto del futuro marco financiero de la Unión Europea.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha debatido la posibilidad global de elevación de la asignación de fondos para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países.

Este incremento que podrá elevarse hasta el 60%, en aquellas regiones que lo deseen, responde a la reciente modificación del reglamento europeo -de aplicación directa en los Estados miembros- que amplía el porcentaje máximo de cofinanciación desde el anterior porcentaje del 50%.

La actualización de la ayuda supone un aumento respecto a la asignación aprobada en enero de 2026 para los programas de promoción que han presentado solicitud y permitirá reforzar la promoción del vino español en mercados internacionales.

También se ha aprobado la redistribución de fondos de desarrollo rural entre las comunidades autónomas con mayor grado de ejecución en 2023, que con la regla N+2, se ha extendido hasta 2025, debiéndose por tanto aplicar por primera vez en 2026.