El Consejo Regional de Transparencia de C-LM ha gestionado 313 expedientes desde su andadura en septiembre de 2023

El Consejo Regional de Transparencia y de Buen Gobierno, órgano adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha, iniciaba su andadura en septiembre de 2023 con Fernando Muñoz como presidente. Desde entonces, ha gestionado 313 expedientes (28 en 2023 y 285 en 2024), resolviendo el 78 por ciento de ellos «con agilidad y priorizando soluciones sobre la judicialización».

Así lo ha puesto de manifiesto Muñoz, acompañado de Elena Carrasco y María Jesús Villaverde, adjunta primera y adjunta segunda, respectivamente, en una rueda de prensa previa antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento regional para informar acerca de la Memoria Anual del organismo correspondiente a 2024.

Antes de exponer los datos de la memoria, el presidente del Consejo Regional de Transparencia ha querido destacar que en el año 2024 se ha consolidado, a su juicio, «una institución austera pero eficaz». «Con sólo ocho personas hemos resuelto desafíos operativos y sentado las bases para convertirnos desde luego en todo un referente ético», ha subrayado.

Un ejemplo, ha dicho, ha sido la sede electrónica del Consejo, una herramienta «clave» –ha sostenido– para gestionar 313 expedientes desde su inicio, resolviendo ya el 78% de ellos con agilidad y priorizando soluciones sobre la judicialización.

En el año 2024, se han abierto concretamente 285 expedientes y la procedencia de los expedientes –ha dicho Muñoz– «revela o nos ha revelado disparidades significativas en el ejercicio de derechos por provincia». De esta forma, en Guadalajara se abrieron 98 expedientes, es decir, el 34% del total. 13 expedientes se abrieron en el año 2023. En Toledo, se abrieron 55, 19% del total, 8 en 2023.

En Albacete, se abrieron 30 expedientes, un 11%, 6 expedientes en 2023. En Cuenca, se abrieron 20 expedientes en 2024, un 7% del total, ninguno en 2023. Mientras que en Ciudad Real, se abrieron 15 expedientes en 2024, el 5% del total y ninguno en 2023.

En otras provincias, se abrieron 67 expedientes, lo que representa el 24% frente a una sola que se presentó en el año 2023.

En cuanto a los sujetos obligados reclamados, hay que decir que 180 expedientes fueron por reclamaciones presentadas ante ayuntamientos, el 63%. 72 expedientes fueron abiertos frente a reclamaciones presentadas ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 25%. 21 expedientes abiertos frente a reclamaciones presentadas por o contra diputaciones provinciales, 8%. Y 11 contra consorcios públicos, que es el 4%.

Las reclamaciones del derecho de acceso a la información pública fueron 23 en el 2023 frente a las 247 que se presentaron en el 2024, lo que supone una demanda social por controlar la gestión pública, ha añadido el presidente del Consejo Regional de Transparencia.

Y casos contra ayuntamientos en 2023 fueron 22 frente a los 180 que se han presentado durante el 2024, esto «lo que evidencia es una necesidad urgente de formación en materia de gobiernos locales».

En relación con las reclamaciones presentadas ante el Consejo y los expedientes abiertos, se han resuelto un total de 235 casos, lo que representa el 82,74% del total de los 285 expedientes. El sentido de las mismas han sido los siguientes, estimadas 61 reclamaciones, desestimadas 58, archivadas 43, inadmitidas 69, quejas o consultas 4.

En materia estadística, la página web del Consejo, registró 7.233 visitas en el año 2024, un 144% más que en el 2023, con picos importantísimos tras publicar la Guía de Acceso a la Información Pública. Además, el 89% de los usuarios fueron únicos, incluyendo periodistas, académicos y cargos electos.

«Otro logro fundamental» para Muñoz ha sido el Censo de Sujetos Obligados y el Mapa de Obligaciones. «Identificamos y clasificamos a más de 1.300 entidades públicas, desde ayuntamientos hasta consorcios y fundaciones, integrando datos dispersos de 12 fuentes».

Cada una de ellas deberá cumplir sus respectivas obligaciones: 132 obligaciones de transparencia, agrupadas en 13 categorías. Este trabajo realizado «con recursos limitados» –ha avanzado– es la base para la evaluación «rigurosa» a partir del año 2025, usando incluso inteligencia artificial.

En el ámbito presupuestario, «ejecutamos el 47% del presupuesto, de un presupuesto de 1.370.000 euros, priorizando formación, tecnología y atención ciudadana», ha explicado Muñoz, quien ha destacado que el remanente se destinará en el año 2025 a proyectos pioneros, como la certificación de transparencia vinculada a inteligencia artificial y la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante, «para la que ya tenemos los protocolos listos».

Además, ha indicado que el 86% de las de las reclamaciones fueron producidas por acceso a información pública y por ello ya en 2025 se va ampliarán los talleres rurales y alianzas con la Universidad de Castilla-La Mancha para formar a empleados públicos en materia de transparencia y buen gobierno.

«Con ocho personas y un presupuesto modesto, hemos demostrado que la transparencia no es solo un gasto, sino una inversión en democracia. Cada expediente resuelto. Cada entidad mapeada y cada guía publicada, son pilares en la construcción de una Castilla-La Mancha mucho más íntegra», ha concluido Fernando Muñoz.