El bonobús y el abono mensual para no empadronados en Toledo subirá su precio a partir del 1 de marzo

TOLEDO 28 Ene. –

A partir del 1 de marzo el precio de varios títulos del transporte de autobús en Toledo sufrirá modificaciones. El bonobús pasará de 0,38 euros por viaje a 0,51 euros para los usuarios no empadronados y el abono mensual general para no empadronados pasará de 20,40 euros a 27,20 euros.

El concejal de Movilidad y Régimen Interior, Iñaki Jiménez, ha señalado que el Ayuntamiento ha decidido no aplicar el 20 por ciento de bonificación municipal a los usuarios no empadronados, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y evitar riesgos innecesarios para las cuentas públicas.

«Nuestro compromiso es velar por el bienestar y la movilidad de los vecinos que contribuyen con sus impuestos a las arcas municipales», ha subrayado.

Para mantener las bonificaciones, los usuarios deberán acreditar su empadronamiento, aportando el DNI u otro documento acreditativo. En el caso de menores de 15 años, que no están obligados a disponer de DNI, se podrá presentar el libro de familia u otra documentación que acredite la edad. La solicitud podrá realizarse por correo electrónico a la empresa concesionaria del servicio: unauto@gruporuiz.com

Ha recordado que a finales de diciembre el Gobierno central aprobó la continuidad de las bonificaciones al transporte público, con una modificación en su financiación.

Hasta ese momento, el descuento total era del 50 por ciento, de los cuales el Estado aportaba un 30 por ciento y el Ayuntamiento de Toledo un 20 por ciento. Sin embargo, tras la publicación del Real Decreto de 27 de diciembre, el esquema cambia y el descuento total pasa a ser del 40 por ciento, con una aportación del 20 por ciento por parte del Estado y otro 20 por ciento por parte del Ayuntamiento, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, Jiménez ha explicado que esta medida «debe aplicarse con cautela», ya que está dirigida a ciudades de más de 50.000 habitantes y está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos la aprobación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En este sentido, ha recordado que la ordenanza de ZBE fue rechazada por el resto de grupos políticos, siendo aprobada únicamente por el Partido Popular, «nos podrá gustar más o menos, pero se trata de una normativa europea, refrendada por los Estados miembros y de obligado cumplimiento», ha señalado.

Por ello, ha advertido de que no contar con una ZBE puede suponer la pérdida del 20 por ciento de financiación estatal, lo que obligaría al Ayuntamiento a asumir un coste adicional de en torno a 666.000 euros anuales, que se sumarían a los aproximadamente 550.000 euros que ya aporta el Consistorio.

En relación con la tramitación de la documentación, el concejal ha explicado que el Real Decreto se publicó a finales de diciembre, lo que ha obligado al Ayuntamiento a actuar con plazos muy ajustados, sin que ello suponga ninguna vulneración de la normativa de protección de datos.

La documentación solicitada es imprescindible para aplicar bonificaciones financiadas con dinero público, tanto estatal como municipal, y para verificar que los usuarios cumplen los requisitos exigidos.

El concejal ha señalado que todas estas medidas tienen como finalidad «evitar desequilibrios en los presupuestos municipales recientemente aprobados, confiando en que, si se amplían los plazos, el Ayuntamiento pueda aprobar la Zona de Bajas Emisiones antes de septiembre y garantizar así la continuidad de las ayudas sin sobresaltos financieros».

Por otro lado, el concejal ha confirmado que se ha iniciado el expediente público previo a la aprobación de la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad, que ha pasado este jueves por Junta de Gobierno Local.

Vecinos, colectivos y asociaciones puedan realizar aportaciones y propuestas durante 15 días naturales a partir de su publicación en la web municipal. Las sugerencias podrán presentarse de forma presencial en el Registro General y a través de la sede electrónica municipal.

Entre los aspectos que aborda la nueva ordenanza se encuentra la regulación del servicio de Carga y Descarga, sobre la que el concejal ha querido hacer especial hincapié.

Por ello, Jiménez ha indicado que esta ordenanza «nace del consenso y del diálogo», fruto de más de dos años de reuniones con los sectores afectados, entre ellos, hosteleros, comerciantes, grandes distribuidoras y la Federación Empresarial Toledana.

En cuanto a la modificación del horario de este servicio, se trata de una propuesta inicial, pasando del horario actual que es de 8.00 a 11.00 horas, a realizarlo entre las 7.00 y las 10.00 horas, es decir, adelantar el horario del servicio, pero no reducirlo.

Eso sí, ha asegurado que esto «no es una decisión cerrada, es un punto de partida para el debate». De hecho, ha asegurado que la propuesta responde a criterios técnicos y operativos y ha recordado que actualmente, es habitual ver camiones de reparto en zonas como Zocodover hasta cerca del mediodía, «lo que genera problemas de movilidad y seguridad para los ciudadanos», al tiempo que ha indicado que «esto no es nada novedoso ni excepcional, se hace en prácticamente todas las ciudades de España y Toledo no puede ser diferente si queremos mejorar la movilidad y proteger a los peatones», ha señalado.

Asimismo, ha recordado que existen fórmulas habituales en otras ciudades, como el acceso mediante llaves o códigos facilitados por los propios establecimientos, tal y como se hacía tradicionalmente con el reparto de pan, prensa o productos de primera necesidad.

Muchos establecimientos cuentan ya con autorizaciones de autoabastecimiento, por lo que pueden abastecerse directamente sin ningún problema, una realidad que refuerza la necesidad de actualizar la ordenanza para adaptarla a la práctica real de la ciudad. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, todas las aportaciones se analizarán para elaborar un borrador definitivo que busque el máximo consenso, tanto con los sectores afectados como con los grupos políticos municipales.