Ecologistas exige cerrar el macrovertedero de Cuenca tras caer una red internacional de tráfico ilegal de residuos

Estudia la personación en el procedimiento penal abierto en el juzgado de Tarragona para que se depuren responsabilidades

CUENCA, 17

Ecologistas en Acción ha exigido cerrar del macrovertedero de la localidad conquense de Almonacid del Marquesado, tras conoceser que el vertedero privado más grande de España ha recibido miles de toneladas de residuos italianos provenientes del tráfico ilegal desde 2021.

De este modo ha reaccionado la organización ecologista después de que el Ministerio de Interior diese a conocer el pasado martes, 14 de enero, que la Guardia Civil había desarticulado una organización delictiva internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos urbanos procedentes de Italia.

En nota de prensa, Ecologistas explica que dicho macrovertedero, cuyo titular es Reciclados del Marquesado, perteneciente al grupo Griño Ecologic, comenzó a operar en septiembre de 2019.

Un año antes, Ecologistas en Acción –a través de su grupo local Ecologistas en Acción de La Manchuela– inició el seguimiento de sus actividades, ante la constatación de la enorme dimensión del proyecto en un entorno despoblado y sin industria.

Recuerdan que en junio de 2023, el grupo Griñó apareció en una investigación periodística, vinculándose al tráfico ilegal de residuos procedentes de terceros países y especialmente de Nápoles, donde actúa la camorra napolitana. A la vista de ello, la organización ecologista realizó varias visitas a la instalación y numerosas averiguaciones, que concluyeron con la interposición de una denuncia –entre otros presuntos delitos– por tráfico ilegal de residuos, hechos tipificados en el Artículo 326.2 del Código Penal.

«El gran negocio del tráfico ilegal de residuos se basa en las enormes diferencias de las tasas en función de los países e incluso según las comunidades autónomas. Así, en Italia el vertido de una tonelada de residuos peligrosos puede estar grabado por una tasa de 400 euros. Desde la implantación de la Ley 7/2022, se instauró un impuesto de vertido de residuos a nivel estatal de 30 euros por tonelada de rechazos municipales. Sin embargo, cada comunidad autónoma ha dispuesto de una tasa o tributo adicional: en Catalunya es de 53 Euros, 31 en Aragón y, para el caso de Castilla-La Mancha, no existe tasa autonómica, por lo que es el ‘destino deseado’ de los residuos industriales», indican.

En el caso denunciado, la empresa italiana cobra al generador de residuos precios locales, pero en vez de verter en Italia, traslada por vía marítima los residuos hasta Tarragona y luego por carretera hasta Almonacid del Marquesado y otros vertederos.

Según la organización proteccionista, el macrovertedero, a día de hoy, sigue recibiendo residuos a pesar de que la Guardia Civil ha constatado que parte de ellos podrían ser «residuos peligrosos», con lo que conlleva de riesgo para las personas y el medio ambiente. Por ello, solicita el cese inmediato de actividad de la instalación.

UN MACROVERTEDERO RODEADO DE ESCÁNDALOS

El macrovertedero de Almonacid es el vertedero privado más grande de España. Su capacidad bruta total es de 21,5 millones de m3, con 16 celdas de vertido –el equivalente a 16 vertederos de mediano tamaño– en 68,80 hectáreas de superficie, recibiendo al año 300.000 toneladas de residuos de toda España y terceros países.

Además, desde que empezó a funcionar en septiembre de 2019 se han observado reiterados incumplimientos de la normativa, como el de la autorización ambiental integrada (AAI) y vertido de residuos no autorizados que han llevado a sanciones. Una de ellas asciende a los 200.000 euros y ha sido recurrida por la empresa propietaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

De igual modo, denuncian, funcionó más de dos años sin la planta de tratamiento. Casi el 100% de los residuos que llegaban a la instalación acababan en las celdas de vertido.

«Sufrió un incendio en junio de 2021, cuyas causas todavía no se han esclarecido, que mereció una denuncia de la organización ecologista y al menos cinco de los trabajadores de la planta fueron detenidos por contrabando de tabaco. Es decir, aproximadamente un tercio de los empleados en el macrovertedero», cuestionan.

EL ALCALDE DE ALMONACID DEL MARQUESADO Y EL MACROVERTEDERO

Desde que el proyecto de macrovertedero inició los trámites para su autorización, el alcalde de la pequeña localidad conquense ha aparecido en público apoyando el proyecto y defendiendo sus bondades, hasta el punto de haber firmado un convenio con Reciclados del Marquesado S.L.

En enero de 2024, Ecologistas en Acción interpuso una queja ante el Consejo Regional de Transparencia (CRT), dada la negativa del alcalde Almonacid del Marquesado a facilitar el convenio del Ayuntamiento con los propietarios del macrovertedero. El procedimiento culminó con la admisión de dicha queja.

Sin embargo, el edil no ha seguido las indicaciones del CRT y, lejos de facilitar la información solicitada, ha demandado a este organismo ante el Tribunal Superior de Justicia de CLM. Ecologistas en Acción se personó en julio de 2024 en el procedimiento como codemandado.

PRÓXIMAS ACCIONES

«Llevamos años preocupados por un macrovertedero que ha funcionado desde el inicio con numerosas irregularidades. Pero ahora la preocupación se ha transformado en desasosiego, al constatar lo que temíamos: que están llegando a Almonacid del Marquesado residuos entre los que podría haber residuos peligrosos, para los que no está preparada la instalación, con el tremendo riesgo que supone para personas y entorno», ha indicado el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Villeta.

Por ello, la organización ecologista ha reiterado su intención de conseguir la suspensión inmediata de la actividad, hasta que se garantice que no existen riesgos de contaminación al suelo, el agua o el aire.

«También estamos estudiando la personación en el procedimiento penal abierto en el juzgado de Tarragona para que se depuren responsabilidades, tanto de los actores materiales de los presuntos delitos como de los responsables políticos que han actuado, al menos, de forma negligente», ha concluido Villeta.