Ecologistas acusa a Junta de acallar las protestas contra macrogranjas y discrepan de los datos de Desarrollo Sostenible

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha mostrado su «indignación» por el «intento de invisibilizar» la concentración de protesta del día 31 en Albacete convocada por Stop Ganadería Industrial, la coordinadora que lucha, a nivel nacional, por el fin de este modelo de ganadería por considerarlo perjudicial para las poblaciones donde se instala, por su uso del agua y la contaminación en los acuíferos y suelos que provoca, así como por las molestias y enfermedades que provocan en las habitantes de dichas poblaciones.

Desde el grupo Ecologistas han lamentado a través de una nota de prensa que «se declaran demócratas pero intentan acallar la voz de los ciudadanos, cuando es un hecho que las plataformas y organizaciones en contra de la Ganadería Industrial, conformadas por gentes de todas las edades, desde pequeños a ancianos, de los pueblos afectados, han dado siempre muestras de civismo en sus protestas y nunca se han visto envueltas en ningún incidente de desorden público, por lo que no entienden el trato como si fueran peligrosos hooligans».

También manifiestan que la actual consejera de desarrollo sostenible, Mercedes Gómez, ha realizado determinadas declaraciones, a raíz de la protesta, con la que no están en absoluto de acuerdo. Uno de estos desacuerdos, aclaran, sería que «la consejera niega que haya un boom de macrogranjas al exponer que de momento, de las 61 macrogranjas paralizadas por la moratoria, sólo 21 han manifestado querer continuar» pero, según los ambientalistas, «oculta el hecho de que ninguno de esos expedientes ha sido archivado y por lo tanto puede reactivarse en cualquier momento y minimiza el hecho de que 21 instalaciones de entre 2.500 y 7.200 cabezas pueden llegar a superar las 140.000 cabezas», que supone «un incremento similar al número de habitantes de Tarragona en muy corto espacio de tiempo», lo que implica «un incremento enorme de la cabaña ganadera». Otro punto en discordia es que desde la consejería se manifiesta que tendrán que pasar todos los trámites necesarios, lo cual «no resulta nada tranquilizador teniendo en cuenta las 1258 instalaciones que ya lo han hecho hasta la fecha y la alarmante falta de controles existente que hacen que a día de hoy, tengan que ser los ciudadanos los que denuncien instalaciones por falta de documentación sin que las inspecciones de la Junta lo hayan detectado.», hacen así referencia a la macrogranja de Salmeroncillos, que funcionó un número indeterminado de años careciendo de la Autorización Ambiental.

También expresan su temor a que estando ya en «una situación crítica» en cuanto a cantidad de nitratos en suelo y agua, debido a lo «insuficiente» del cumplimiento de las normativas actuales, un incremento en la cabaña «sería desastroso».

Estas discrepancias, según Ecologistas en Acción, comenzaron con los datos ofrecidos por la consejera en declaraciones del día 27 de diciembre del 2024 en la presentación del nuevo decreto de purines y que califican como «erróneos», pues «afirma que el porcino representa el 18% del PIB de Castilla-La Mancha», lo que, según el grupo ecologista, contrasta con la cifra que aparece en la web del Instituto Nacional de Estadística, donde indica que el PIB correspondiente a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se sitúa en el 7,4 % del total, haciendo «imposible que solo el porcino supere esa cantidad».

Esto constituye «un hecho grave», denuncian desde el Ecologistas en Acción, ya que «denota o una grave falta de conocimiento por parte de la Consejera o algo mucho peor».

Otras cifras que consideran erróneas, si se comparan con las cifras ofrecidas por el Ministerio, serían el porcentaje de industrias cárnicas presentes en la región respecto al nacional y serían las del puesto de cuarto productor, ya que el Ministerio «nos sitúa en la sexta plaza».

de las cuestiones También ha sorprendido al grupo ecologista la afirmación de que las instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada generan el 90% de todo el estiércol producido en la región, ya que según el Registro de Actividades Ganaderas estas instalaciones representan el 66% de todos los animales, que «difícilmente generarán el 90% de los purines».

«Hace referencia a un intento de acabar con las malas prácticas, lo que supone un hito ya que, hasta ahora, siempre había negado que existieran. Pero tampoco explica cómo piensa erradicarlas, Esperamos que no sea como hasta ahora», comentan los ecologistas afirmando que, incluso, «se han ignorado las recomendaciones de algunas confederaciones hidrográficas de aplicar más medidas coercitivas y de inspección».