Directores y Gerentes de Servicios Sociales afirman que C-LM es una de las 4 CCAA que cumple con la ley de dependencia

Cada 15 minutos muere un dependiente en lista de espera: 2 de cada 3 en Cataluña, Andalucía, C. Valenciana y Canarias

Cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera que, en los primeros nueve meses de este año, ha crecido en 13.695 personas. Hasta el 1 de octubre, 284.020 personas se encontraban a la espera de valoración o pendiente de prestaciones y servicios que tienen reconocidos, según un informe de la Asociaciones de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

A tenor de estos datos, la asociación ha advertido de un «cambio de tendencia» por primera vez en diez años al pasar de un reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año.

En 2025 son 25.060 las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347 a recibir una prestación a la que tenían derecho. «93 personas al día, una cada 15 minutos», han recordado Directores y Gerentes. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), C. Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

Respecto al tiempo de demora, la Asociación de Directores y Gerentes niega que se haya producido una reducción sino un incremento de unos 15 días de media hasta alcanzar los 349 días y ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales que intente «rebajar la cifra de desatención» al contabilizar «sólo» a aquellas personas «con las que la Administración no está cumpliendo la ley que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido».

Asimismo, han rechazado «el triunfalismo» de comunidades y Ministerio cuando se refieren al récord de personas atendidas. «Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias». Asimismo, otro de los reproches es «el servicio low cost» debido a la «merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada, no tanto en extensión de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino en la limitación de prestaciones y servicios».

Por comunidades autónomas, las que tienen mayor limbo de la dependencia –personas pendientes de recibir la prestación– son Canarias (31,3%), País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%), y Cataluña (13,6%); y las que menos Aragón (1,5%), Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).

Ocho comunidades han aumentado, además, el número de solicitantes el limbo de la dependencia en 2025: Castilla La Mancha (+58%), Cantabria (+29,9%), y Madrid (+29,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (53%) de las personas que se encuentran en el «limbo de la dependencia» residen en tres Comunidades: Cataluña (38.002), Andalucía (21.785) y Canarias (20.127).

Asimismo, las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación este año han sido Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%). Por el contrario, hay una Comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas: La Rioja (-0,1%).

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días).

Para los Directores y Gerentes en Servicios Sociales «la interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido prestaciones».

Respecto a la inversión en dependencia, las comunidades que más invierten son País Vasco (2.835 euros por persona dependiente) y Extremadura (2.779 euros), y las que menos Galicia (1.317 euros) y Canarias (1.339 euros).

En cuanto a la reclamación de las comunidades al Estado para que asuma hasta el 50% del coste de la dependencia, la asociaciones de directores y gerentes ha acogido favorablemente la petición, aunque ha rechazado, sin embargo que existan «agravios» entre comunidades «como vienen denunciando». «Algunas reciben mayor porcentaje de financiación estatal que la media y más que Cataluña o País Vasco», ha añadido la entidad.

Otra de las quejas es el incremento de los servicios ‘low cost’ al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la ayuda por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia. Sin embargo, en los nueve meses de 2025 han descendido las plazas residenciales (-804) y las de centros de día (-969). Asimismo, el 56% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia, mientras que 65.647 personas son beneficiarias con teleasistencia como prestación única, el 42% de estas se encuentran en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, han recriminado al Ministerio de Pablo Bustinduy su falta de transparencia y exige la información sobre «cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes».