Desmantelada en Peligros (Granada) una nave ilegal dedicada a la mezcla y almacenamiento de productos de vapeo

En esta operación pionera en este tipo de industria se han inspeccionado 170 establecimientos en ocho comunidades autónomas

GRANADA/TOLEDO, 28 May. –

Miembros de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) de la Guardia Civil de Granada, junto con la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la provincia, en el marco de la operación Tonogra, han desmantelado en la localidad de Peligros una nave ilegal dedicada a la mezcla y almacenamiento de productos de vapeo y han investigado a cuatro empresas y han detenido a tres personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, contra la hacienda pública y por pertenencia a grupo criminal.

Según la información difundidda en un comunicado, la operación se inició tras diversas informaciones sobre la posible existencia de una nave dedicada a la mezcla y almacenamiento de productos de vapeo que carecería de los permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de la actividad.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de noviembre, prolongándose hasta que en los primeros días del presente mes de marzo se procedió a la entrada y registro de la nave, situada en la localidad de Peligros (Granada), así como en el domicilio de los detenidos en la localidad de Alhendín y en un establecimiento abierto al público en la capital granadina, vinculado a los integrantes del grupo investigado.

De forma simultánea, se desarrollaron inspecciones coordinadas en 170 establecimientos ubicados en ocho comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia) en los que se comercializaban productos procedentes de las empresas investigadas.

Como resultado de las actuaciones, se han investigado cuatro empresas y han sido intervenidos 8.000 envases con líquidos para cigarrillos electrónicos ya preparados para su comercialización, así como materias primas destinadas a la elaboración de los líquidos de recarga y diverso material relacionado con la actividad, valorado todo ello en casi 890.000 euros y quedando a disposición de la autoridad judicial.

Además, se ha detenido de tres personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, por la elaboración de productos de vapeo que carecían de trazabilidad sanitaria y de los registros y licencias oportunas para el desarrollo de la actividad, delito contra la hacienda pública por presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas al desarrollo de la actividad, y delito de pertenencia a grupo criminal.

OPERACIÓN PIONERA

La operación, pionera por tratarse de la primera actuación de estas características sobre este tipo de industria, ha requerido un importante esfuerzo investigador y ha contado con la colaboración de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Ucaiff) de la Guardia Civil.

Estas actuaciones se han llevado a cabo en el marco de la colaboración existente entre administraciones para el control de actividades relacionadas con la fabricación y comercialización de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, un sector en continuo crecimiento y sujeto a una estricta regulación administrativa.

Así, se ha contado con la inestimable cooperación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, del Ministerio de Sanidad, personal del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, así como de los servicios de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Granada y del Departamento de Industria de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Industria, Energía y Minas, cuya participación ha resultado fundamental debido a la complejidad y amplitud de la investigación.

El desarrollo de la operación ha puesto de manifiesto la especialización de las Unidades de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, el contrabando y las actividades que suponen un riesgo para la salud pública, así como la capacidad de la Guardia Civil para coordinar actuaciones a gran escala con otros organismos nacionales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los consumidores.