Declaran culpable de asesinato y aborto al acusado de matar a puñaladas a su mujer embarazada en Escalona

TOLEDO 23 Jun. –

El jurado popular que desde este lunes ha enjuiciado a J.J.S.A., acusado de matar a su mujer a puñaladas en el año 2022 en Escalona (Toledo) cuando ésta estaba embarazada y a punto de dar a luz, le ha declarado por unanimidad culpable de los delitos de asesinato y aborto al procesado.

También por unanimidad, los nueve integrantes del jurado han declinado que se aplique el beneficio de la suspensión de la pena y el indulto, y han aceptado que se le aplique dos atenuantes–uno de ellos el de confesión– y dos agravantes –parentesco y de género–.

Tras el fallo del jurado, el Ministerio Fiscal, tras modificar su escrito de conclusiones, ha reclamado para el encartado 22 años por el delito de asesinato y seis por el de aborto, teniendo en cuenta la gravedad y la entidad de los hechos.

De igual modo, ha reclamado libertad vigilada, que se determinará una vez haya cumplido la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a sus dos hijos y la privación de la patria potestad sobre ellos. También ha mantenido, en cuanto a la responsabilidad civil, que el acusado indemnice a cada uno de sus dos hijos menores en la cantidad de 120.000 euros, y en la cantidad de 40.000 euros para cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

La representante de la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena, considerando que, ante estos delitos, no está prevista.

Mientras, la defensa del acusado ha pedido al juez que aplique el «menor porcentaje de pena posible» en la horquilla de entre 15 y 25 años que recoge el Código Penal, y ha admitido que no precede pedir remisión de condena.

LOS HECHOS

Según el escrito de la Fiscalía, J.J.S.A. mantenía una relación matrimonial con M.E.B.C., de 34 años, conviviendo en el domicilio sito en la localidad de Escalona, junto con los dos hijos menores que tenían en común, A. de 13 años, y B. de 14 años.

Así, M.E.B.C. mantenía una relación extramatrimonial –conocida y asumida por el acusado– con M.A.G., de quien, en el momento de los hechos, estaba embarazada (en estado de 40 semanas de gestación).

Sobre las 19.00 horas del día 28 de diciembre de 2022, M.E.B.C. después de varios intentos fallidos por miedo a las represalias del acusado, decidió abandonar junto con sus dos hijos el domicilio familiar para trasladarse a convivir con M.A.G., por lo que hicieron las maletas y procedieron a meterlas en el coche.

El acusado, según el fiscal, no aceptaba que M.E.B.C. le abandonase y, sobre las 20.00 horas del mencionado día, cuando los hijos menores estaban fuera del domicilio sacando sus cosas, cerró la puerta de la vivienda, con la intención de matarla o aceptando que este resultado podía producirse, y con ello además provocar el aborto del feto que gestaba.

Encontrándose en el patio delantero de la casa, de forma súbita y sorpresiva y aprovechándose de la situación de falta de reacción de la misma, el relato de la Fiscalía indica que el procesado asestó a M.E.B.C. ocho puñaladas en la zona abdominal y en la espalda. Como consecuencia de lo anterior la víctima falleció, así como el feto, pese a la práctica por los sanitarios que acudieron al lugar de una cesárea de urgencia y los intentos de reanimación.

Las puñaladas propinadas por el acusado contra M.E.B.C. fueron dos en la región infraescapular izquierda, otra por debajo de la zona deltoidea izquierda, tres en el abdomen izquierdo y dos heridas de aspecto inciso en tercio inferior de antebrazo izquierdo, ninguna de las cuales presenta caracteres defensivos.

El fiscal señala que tras el ataque, el acusado, «guiado por el desprecio hacia su esposa y su falta de voluntad de respetar su libre decisión de reanudar su vida sentimental», se dirigió a ella insultándola porque iba «tener un hijo con otro».

Acto seguido el acusado arrojó el cuchillo al patio de la vivienda contigua, con la intención de deshacerse de él, si bien admitió ante su hijo A. la autoría del asesinato y del aborto manifestándole que «se lo tenía merecido», así como también ante su hija B. y el vecino P.C.C.

En ese momento pidió que llamaran a la Guardia Civil, reconociendo que sabía muy bien lo que había hecho y no iba a ir «a ninguna parte». El acusado se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de diciembre de 2022.