CCOO lamenta la desestimación de su recurso ante el Supremo contra la supresión del tren convencional Tarancón-Utiel

CUENCA 14 Oct. –

La central sindical CCOO ha lamentado la desestimación de su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2023 clausurando el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel, perteneciente a la línea Aranjuez-Valencia, por entender que esta decisión acarreaba el desmantelamiento de un servicio público esencial para la provincia de Cuenca.

El secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano, ha mostrado su disconformidad con el fallo del Tribunal Supremo, señalando que avala «una decisión claramente perjudicial para los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Cuenca», basándose en las conclusiones del informe elaborado por la empresa pública Ineco, «un informe claramente hecho por encargo y confeccionado a medida de las pretensiones del Ministerio para justificar la clausura de la línea», según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

Ahondando en lo anterior Carlos Hortelano ha precisado que Ineco es una empresa estatal cuyo accionariado pertenece a Adif y Renfe, dependiendo directamente del propio Ministerio, por lo que, ha asegurado, «carece de la objetividad e independencia necesarias, actuando como un instrumento para dar cobertura técnica a una decisión política predeterminada».

Para el secretario general de CCOO Cuenca, la sentencia del Supremo asume que el cierre de la línea se atribuye a la baja demanda y falta de rentabilidad, pero no se alude a que la pérdida de viajeros y viajeras es consecuencia directa de años de abandono institucional, falta de inversión en mantenimiento y degradación de la seguridad.

En este sentido ha dicho que «no se puede justificar la falta de rentabilidad de una infraestructura tras haberla dejado caer deliberadamente».

Hortelano ha añadido que el Informe de Ineco solo analiza la demanda desde 2007 hasta 2019, pero no menciona la falta de inversión que el Ministerio hizo en esa línea, a pesar de las partidas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado, pero que no se llegaron a ejecutar. «Entre 2011 y 2017 fueron más de 66 millones los que dejaron de gastarse en mantenimiento y mejora», ha declarado en este sentido.

Para el responsable sindical, esa falta de inversión derivó entre otras cosas en que se tuvo que limitar la velocidad por lo que los tiempos de viaje aumentaron, se redujo el número de trenes diarios y empeoraron los horarios, «es decir, hubo un progresivo deterioro del servicio de manera intencionada».

La central sindical ha apuntado al impacto social negativo del cierre del transporte ferroviario convencional, señalando que contradice los objetivos de descarbonización y de impulso a una movilidad sostenible.