Csif destaca que administraciones públicas, educación y sanidad destruyen en enero más de 2.200 empleos en C-LM

TOLEDO, 4

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el incremento del desempleo en 2.595 personas en enero, lo que deja la cifra total de parados en 130.361 personas en Castilla-La Mancha de acuerdo a los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro ha subido en todas las provincias en un mes tradicionalmente negativo debido al retroceso de la hostelería y el comercio a la conclusión de la campaña navideña: el sector Servicios perdió 2.793 puestos de trabajo, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Además, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, Castilla-La Mancha ha perdido 2.246 afiliados del Régimen General en las administraciones públicas y defensa (-1.403), educación (-394) y sanidad (-449).

«Es llamativo el descenso en el ámbito sanitario justo cuando la región ha contado con las tasas más altas de todo el país de casos de infecciones respiratorias agudas, incluidas las que conllevan hospitalización, que han provocado la saturación y colapso de centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencia en los hospitales, el aumento de las listas de espera y el agotamiento de los profesionales por su situación laboral», subraya.

Asimismo, y entre otros puntos «oscuros» del mercado laboral de la región, CSIF indica que hasta el 80% del empleo destruido en enero ha sido femenino: 2.091 mujeres más en el paro; las mujeres representan el 65,5% del total del desempleo. «A esta vulnerabilidad se suma la precariedad en la contratación: las mujeres representan el 59,4% de la contratación temporal, porcentaje que sube al 65% en el caso de los contratos temporales con jornadas parciales. En cambio, ellas sólo alcanzan el 34,4% de la contratación indefinida».

En este sentido, CSIF insiste una vez más en la devolución de todas subvenciones concedidas por el Gobierno regional a CCOO y UGT, que ya superan los 43,9 millones de euros desde 2014. La Central Sindical reclama que se destine esta cantidad a los servicios públicos y para proteger a los colectivos más vulnerables del mercado laboral.