CSIF denuncia una vuelta a las aulas en C-LM con «graves problemas estructurales sin resolver» y nuevos «recortes»

TOLEDO 8 Ene. –

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el profesorado de Castilla-La Mancha regresa a las aulas tras las vacaciones de Navidad enfrentándose a problemas estructurales «graves» sin abordar, «recortes» de hace 12 años sin revertir y nuevos «recortes» del Gobierno de Emiliano García-Page.

El presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, advierte en nota de prensa que «mientras algunos sindicatos firman acuerdos que blanquean recortes y conformismo, los docentes siguen sufriendo el deterioro acumulado y enfrentándose a nuevas agresiones a sus condiciones laborales».

En este sentido, CSIF alerta del «repunte» de violencia escolar en la región confirmado por el propio sindicato. Así, afirma que más del 50% del profesorado sufre agresiones verbales, amenazas o faltas de respeto, y el 22% de los conflictos están relacionados con móviles y redes sociales.

«Los docentes nos transmiten que van al aula con miedo. La Ley de Autoridad del Profesorado existe en el papel, pero no se aplica como debería. El profesorado está desprotegido», denuncia Martínez.

Directamente relacionado con esto, señala que la salud mental del profesorado está en «niveles críticos», ya que más del 70% presenta síntomas de ansiedad, el 17% está de baja médica y el 11% sufre depresión. «Solo el 24% del profesorado mantiene la ilusión por su trabajo, frente al 60% en 2007», advierte CSIF.

Por todo ello, el sindicato exige un programa regional de prevención del ‘burnout’, servicio de atención psicológica gratuito y protocolos de detección precoz.

Pero éstos no son los únicos problemas estructurales sin abordar, apunta el sindicato, que añade que la desconexión digital, la inclusión sin medios y una «asfixiante» burocracia son otros de los problemas que siguen sin resolverse después de muchos años.

«Pero si grave es lo anterior, más grave aún es que el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lleva 11 años gobernando sin revertir muchos de los recortes de la época de María Dolores de Cospedal», afirma.

En este sentido, señala que el profesorado de Secundaria sigue con 19, 20 e incluso 21 horas lectivas semanales, cuando el Ministerio propone 18 horas máximas y comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia ya lo han aplicado.

«Han pasado 12 años desde el recorte de Cospedal y Page no lo ha revertido», denuncia el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, quien asegura que «más horas en el aula significan menos tiempo para preparar clases, atender a las familias, coordinarse con compañeros o formarse».

A ello suman también las ratios masificadas, la pérdida de poder adquisitivo: más de un 20% desde 2010 o la temporalidad; Castilla-La Mancha mantiene tasas del 30% de interinidad, muy lejos del 8% de la normativa europea.

También señala que el Gobierno de García-Page está aplicando nuevos recortes «quirúrgicos», en especial en EOI, Educación de Adultos y Formación Profesional.

Así, asegura que la Consejería ha aumentado las ratios en Educación de Adultos, pasando de grupos con 15-18 alumnos a exigir mínimos de 20-25 alumnos por grupo; en las EOI se está produciendo la unificación de niveles diferentes en un mismo grupo, con la excusa de «optimizar recursos» y el profesorado de FP ha perdido horas específicas de reducción horaria para la gestión de las prácticas en empresas (FCT).

Ante estos nuevos «recortes», CSIF ha solicitado formalmente a la Consejería de Educación la convocatoria urgente de mesas técnicas específicas para Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Educación de Adultos para abordar estas problemáticas y buscar soluciones.

«Estos nuevos recortes demuestran que el Gobierno de Page sigue la misma política que Cospedal: recortar en educación pública mientras se mira hacia otro lado. Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una comunidad autónoma de segunda en educación pública. Los docentes de Castilla-La Mancha no pueden esperar más», sentencia Martínez.